Promueven iniciativa que multa a partidos políticos ante hechos de corrupción

La iniciativa busca elevar los estándares de probidad en la política, sancionando a las colectividades cuyos miembros electos sean condenados por delitos de corrupción. Además, obliga a implementar medidas preventivas internas. Sobre esto versa una reciente propuesta parlamentaria en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El objetivo principal es mejorar los estándares de “transparencia en el sistema político chileno, fortaleciendo el rol fiscalizador de los partidos y su responsabilidad ante la ciudadanía”, así lo indicó un reciente comunicado.

El proyecto modifica la Ley N° 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, y establece una multa progresiva para los partidos políticos que reciban financiamiento público y tengan militantes condenados por delitos como cohecho, soborno, fraude al fisco, malversación de fondos públicos, lavado de activos, entre otros.

Las multas se calculan de la siguiente forma:

• Primera condena: 20% del financiamiento público anual del partido.
• Segunda condena: 40%.


• Tercera o más: 60%, con posibilidad de solicitar al Tricel la suspensión o cancelación del partido.

La moción, la presentó el diputado Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano), y al respecto indicó que “el artículo 61 crea una multa especial aplicable a los partidos políticos cuando cualquiera de sus representantes elegidos mediante elección popular, ya sea el Presidente de la República, senador o senadora, diputado o diputada, gobernadores, alcaldes, concejales, consejeros regionales, incluso seremis que sean militantes de un partido político, sea condenado por delitos de corrupción”.

Por su parte, la diputada Francesca Muñoz, aseveró que lo que buscan “es elevar los estándares de probidad y transparencia, cuidando el rol de los partidos políticos que son fundamentales para los sistemas democráticos. Y en ese sentido, junto con levantar otro proyecto de ley, como lo que es el que fortalece la Contraloría General de la República”.

Asimismo, la iniciativa también exige que las colectividades implementen medidas preventivas obligatorias, como códigos de ética, capacitaciones en transparencia y probidad, canales seguros de denuncia, procedimientos internos de investigación y mecanismos de control.