Gobernador Díaz tras firma de compromiso transversal de seguridad: “Hoy las víctimas están desvalidas”

En una ceremonia encabezada por el Presidente Gabriel Boric, en compañía de la ministra del Interior, Carolina Tohá, la Asociación de Gobernadores de Chile (Agorechi) y diferentes municipios del país, se firmó el compromiso transversal de seguridad, acuerdo que entrega a los gobiernos regionales competencias en materia de prevención del delito, así como de protección y apoyo a víctimas.

Bajo ese contexto, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, destacó el reconocimiento al rol que juegan los gobiernos regionales, los que, desde su mirada, son los que por lejos aportan más dinero a materias de prevención.

“Apartir de este acuerdo se nos habilita para ejecutar programas y no solo transferir dinero a terceros. Ejecutar programas, crear una unidad de seguridad dentro de los gobiernos regionales y trabajar con foco en la prevención de los delitos y en protección a las víctimas. Las víctimas hoy están muy desvalidas, y los gobiernos regionales, que somos personas que vivimos en regiones, sabemos que existen y queremos apoyarlas”, señaló la autoridad.

Según este acuerdo, lo gobiernos regionales tendrán “la facultad de diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención del delito y de atención y asistencia a víctimas, debiendo ser siempre coherentes con la Política Nacional de Seguridad Pública en el marco de sus atribuciones constitucionales. Para ello, deberá existir coordinación entre los Gobiernos Regionales y la Subsecretaría de Prevención del Delito, institución que dictará lineamientos y orientaciones técnicas en la materia, del mismo modo como hace con los municipios, en los programas y proyectos”.

Lo anterior, previa modificación legislativa, que será ingresaba en agosto de este año.

Legimitación activa

El gore del Biobío, eso sí, no quedó del todo conforme con la firma del acuerdo, pues espera que también se avance en la legitimación activa, es decir, es decir, la posibilidad de presentar querellas en aquellos delitos que, a juicio de los gobiernos regionales, vulneren la Ley de Seguridad Interior del Estado.

“Esas diferencias las veremos en la vía parlamentaria o las conversaremos con futuros gobiernos. Nos parecía más importante hoy avanzar, porque cuando el crimen organizado está avanzando libre y coordinadamente por el país, lo que tenemos que hacer es avanzar en sinergias, confluir en acuerdos en los distintos niveles”, aseguró Díaz.

Otros puntos del acuerdo

El compromiso firmado este martes destaca, además, los siguientes puntos:

• Proyecto de ley para otorgar a los Gobiernos Regionales la facultad para crear una división o departamento de Prevención del Delito y de Atención y Asistencia a Víctimas. Presentación en primer semestre de 2023.
• Posibilidad de que gobiernos regionales con áreas metropolitanas declaradas puedan desarrollar acciones de prevención del delito respecto a la unificación de planes y programas, tales como salas de cámaras, tecnología y estrategias conjuntas a ejecutar en los territorios metropolitanos, insertas dentro del marco de las políticas nacionales y evitando la duplicación de funciones como los patrullajes.
• Desarrollo durante 2023 de seis convenios de colaboración entre el Ministerio del Interior y gobiernos regionales para diseñar proyectos de inversión regional en materia de prevención del delito que se ajusten a orientaciones técnicas y tipologías basadas en evidencia.