Los cambios necesarios al financiamiento de la política

Pese a las modificaciones surgidas tras los escándalos de platas políticas, aún existen vacíos legales que generan ciertas suspicacias tanto en la academia como en los incumbentes.

El primer semestre de 2015 es un período que los partidos políticos del país quisieran olvidar y para siempre. Entonces, estaban en esplendor las indagatorias que lideró el Ministerio Público que relacionaron el dinero con la política: Penta, Soquimich, Corpesca, Caval y las aristas de cada uno de ellos.

Y si bien estas investigaciones tuvieron muchos avances, también hubo pocos formalizados a raíz de la discrecionalidad en las querellas por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII). Las que tuvieron su origen en presiones políticas como del ex ministro del Interior y posible candidato a senador por el Biobío, Rodrigo Peñailillo, quien habría pedido retirar con camiones la documentación tributaria desde las oficinas de SQM.

Este cisma derivó en un nuevo modelo de financiamiento para las campañas políticas, eliminando una figura muy utilizada hasta entonces: los aportes reservados, los que en su mayoría eran realizados por empresas. En Biobío, por ejemplo, por pesqueras.
Desde la municipal de 2016, todos los aportes son realizados a través del Servel y sólo pueden ser realizados por personas naturales. Eso sí, aún pueden ser privados.

Nuevos cambios

Quienes han hecho uso de este nuevo sistema de financiamiento son los candidatos políticos, que igual piden modificaciones al actual sistema.

La diputada e integrante de la comisión de Gobierno, Joanna Pérez (DC), dijo que “se hizo una legislación que regula de manera más exhaustiva los aportes que se hacen en campaña. Sin duda que se puede seguir restringiendo, pero no debemos olvidar el principio de igualdad entre los candidatos y por eso el Estado pone un piso y permite una rendición y devolución por la cantidad de votos. En las campañas deben primar las ideas y no el dinero”.

El diputado Gastón Saavedra (PS) apuntó a que todo antecedente monetario que sea utilizado en una campaña política debe ser público y quedar respaldado ante el Servel. “No tienen que existir los aportes privados, que todo sea público robustece las confianzas en todo sentido, hay que evitar las dudas y debemos privilegiar la trasparencia”.

Uno de los nuevos cuestionamientos que ha surgido en las últimas semanas apunta a los créditos bancarios que son utilizados para campañas políticas y cuyos avales son reservados. En este punto, Saavedra dijo que esos antecedentes deberían ser públicos. “Por qué tenemos que andar escondiendo esa información”, cuestionó.

Uno de los que utilizó este tipo de financiamiento fue el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, quien pidió $35 millones a un banco local y su aval fue su esposa. La información si bien es privada, fue el propio Ortiz quien la hizo pública y dijo que no tiene ningún problema en que fuese así y que, además, esa debería ser la norma.

Visión Académica

En el mundo universitario creen que los cambios introducidos en el financiamiento político tras la comisión Engel, hicieron mejoras, pero que aún faltan otras.

La académica y analista de datos de la UBB, Susana Riquelme, opinó que si bien están prohibidos los aportes de empresas, hay estudios que reflejan los aportes de estas a través de sus ejecutivos.

“Los puntos a favor de este sistema de financiamientos es que cualquier persona natural puede aportar. Sin embargo, en contra se puede indicar que cuando esas personas son integrantes de grandes grupos económicos, dejan al menos la duda sobre los intereses de estos tras las campañas políticas”, comentó.

La académica de Ciencia Política de la UdeC, Jeanne Simon, apuntó a que lo importante es lograr un equilibrio entre los candidatos para que exista igualdad de condiciones, “pero a veces algunos tienen mayor presencia mediática o se financia más a los hombres. Yo considero que es bueno el financiamiento privado, pero debe ser lo más trasparente posible y el actual sistema no es eficiente en su control”.