Universidad de Concepción y su aporte clave a las políticas de género

Las académicas y académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales han sido precursores de leyes en torno a la equidad, como el proyecto de Identidad de Género aprobado en 2018. Su contribución se remonta a la década del 50, cuando la abogada Inés Enríquez defendió desde el Parlamento legislaciones más justas para la mujer.

En marzo de 1951 la abogada egresada de la Universidad de Concepción, Inés Enríquez Frodden, se convierte en la primera mujer en Chile en conseguir un escaño en el Congreso. Dentro de su labor como diputada impuso una agenda legislativa centrada en la equidad de género, en una sociedad que solo había aprobado hace dos años el derecho a sufragio femenino en elecciones presidenciales y parlamentarias.

Enríquez Frodden presentó una serie de indicaciones que fueron contempladas para modificar en el Código Penal varios artículos que eran discriminatorios respecto de la responsabilidad penal del marido en desmedro de la mujer. También cambios al Código del Trabajo, relacionados con la protección maternal en ámbitos como el fuero, la concesión de permisos a empleadas particulares para amamantar a sus hijos y el aumento de subsidio maternal de la mujer obrera en medio salario íntegro durante su periodo de descanso. Además abogó por mejorar el sistema previsional de la mujer.

Ley de identidad de género

En el siglo actual los aportes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales han sido liderados por la profesora Ximena Gauché, subdirectora de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la UdeC. Las principales líneas de investigación de la abogada, Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, son la igualdad y no discriminación, y los mecanismos de promoción y protección de derechos de grupos sometidos a vulnerabilidad: diversidades sexuales, mujeres e infancia y adolescencia, desde el derecho internacional de los derechos humanos.

Gauché redactó el proyecto de Ley de Identidad de Género, aprobado por el Congreso el año pasado, que permite que las personas transgénero modifiquen sus documentos legales de identificación. “El año 2011 me invitaron algunas asociaciones de la sociedad civil a participar en la preparación del proyecto, yo los acompañé en su ingreso el año 2013. Luego fui dos veces invitada al Congreso para hacer la tramitación, a exponer mi opinión, y desde ahí en adelante muchas veces en la academia judicial, como en otras universidades, recibí invitaciones porque fue parte del proceso, para que se continúe elaborando la ley hasta promulgarse, que corresponde a la 20.120”.

La abogada enfatiza que “contar con una ley que reconozca el derecho a la identidad de género de las personas trans, es sin duda un avance por el rol que las leyes cumplen en un término social, que es una forma de reconocer y visibilizar realidades de las cuales el derecho no se había hecho cargo. Dicho esto creo que la ley que salió al final es perfectible en muchos aspectos, si bien el proyecto original en su momento fue producto de consensos, porque estamos hablando del año 2012, cuando claramente no habían los estándares internacionales que tenemos hoy, ni una conciencia ciudadana de que era necesario regular estas materias. Creo que no corresponde haber dejado a los menores de 14 años fuera del proyecto, lo que no estaba en el original, que siempre contempló incluir a todas las personas sin distinciones de edades, simplemente haciendo las cuestiones que correspondían a su rango etario. Y ese es un llamado que vamos a tener como sociedad una vez que esa ley entre en rigor, para ver cómo reconocemos todas las identidades de todas las personas”.

Protocolo de actuación

La Dirección de Equidad de Género y Diversidad surge a partir de las movilizaciones estudiantiles del año 2016. La directora, Lucía Saldaña, explica que se creó “por casos de acoso sexual que estaban ocurriendo en la Facultad de Ciencias Sociales. En ese contexto el rector Sergio Lavanchy define crear una comisión que levantó un estudio de diagnóstico de relaciones de género, discriminación, desigualdades y brecha, pero sobre todo de violencia, discriminación y de acoso sexual. Ese estudio se realizó el 2017, con resultados el 2018. Llegamos además a hacer un trabajo de negociación con las estudiantes autoconvocadas respecto de las movilizaciones, instalamos nuestra Fiscalía, que es la primera en inaugurarse en Chile, y ya generamos un protocolo”.

El Protocolo de Actuación que entró en vigencia el pasado 2 de mayo y recibió el apoyo de todos los estamentos de la Universidad, se concibe como “un documento que reúne un conjunto de normas, objetivos, estrategias y procedimientos para abordar el acoso sexual en la comunidad educativa, tanto dentro como fuera de las dependencias de la institución, que incluye a estudiantes, cuerpo académico y cuerpo administrativo”.

En su elaboración, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales tuvo un rol fundamental. Ximena Gauché considera que “fue un aporte importante y relevante al momento de formar los aspectos legales y constitucionales, de manera que en todo el proceso de construcción de una política y de un protocolo en la universidad, sin duda ha contribuido nuestra Facultad”.

Y agrega que “además hay contribuciones en una serie de seminarios y actividades en que se ha tratado de exponer los temas de género. Por ejemplo durante el 2018 se implementó por primera vez en la Facultad un curso electivo sobre género, sexualidad y derecho, el que ha tenido una muy buena recepción entre los estudiantes”.