Inteligencia artificial en la justicia: ¿progreso a qué costo?

18 de Noviembre 2026 | Publicado por: Diario Concepción
Fotografía: Cedida

¿Es legítimo utilizar herramientas cuyos resultados pueden influir en una investigación penal si no existen garantías suficientes de transparencia, imparcialidad y responsabilidad?

La inteligencia artificial ya forma parte de la persecución penal en Chile. Un ejemplo es Fiscal HeredIA, herramienta del Ministerio Público que permite analizar documentos y audios, identificar conexiones y apoyar investigaciones. Su uso puede agilizar el trabajo frente a delitos complejos, pero también plantea una pregunta: ¿es ético incorporar estas herramientas cuando sus resultados pueden influir en decisiones que afectan los derechos de las personas? Y si cometen errores, ¿quién asume la responsabilidad?

El desafío no está solo en que la tecnología pueda equivocarse. También, importa cómo llega a sus resultados, qué datos utiliza y si sus conclusiones pueden ser revisadas. Los sistemas de los prompt pueden producir sesgos presentes en la información con la que trabajan. En una investigación penal, una asociación equivocada puede orientar sospechas y afectar la presunción de inocencia. Desde mi perspectiva, el riesgo está en aceptar sus resultados sin cuestionar su origen ni su fiabilidad.

Aquí surge un dilema ético: ¿es legítimo utilizar herramientas cuyos resultados pueden influir en una investigación penal si no existen garantías suficientes de transparencia, imparcialidad y responsabilidad? La Fiscalía ha señalado que HeredIA es una herramienta de apoyo y que no reemplaza el criterio de los fiscales ni convierte sus resultados, por sí solos, en pruebas. Sin embargo, esa distinción debe traducirse en garantías reales como supervisión humana, protección de datos personales y mecanismos para revisar y cuestionar los análisis. La responsabilidad no puede quedar diluida detrás de un algoritmo.


Adaptar el Estado a los avances tecnológicos no consiste sólo en adquirir herramientas nuevas. Exige reglas claras y controles que protejan a la ciudadanía. La ciudadanía debe poder conocer cómo se utiliza la inteligencia artificial y cuáles son sus límites, especialmente cuando puede afectar una investigación.

La tecnología puede contribuir a una justicia más eficiente, pero la eficiencia no debe estar por encima de los derechos. Considero que el verdadero progreso no consiste en incorporar la herramienta más avanzada, sino en asegurar que su uso respete los principios éticos que deben orientar toda acción del Estado.


María José Escobar
Estudiante del CEE