Rebajas de condena: la pregunta que falta responder

Señor director:

Que condenados por abuso de niños reciban rebajas de pena, puede indignar a cualquiera. Para exigir respuestas, conviene entender qué se discute.

Desde 2022, una ley prohíbe este beneficio a quienes cometen esos delitos. Los tribunales han resuelto, sin embargo, que no puede aplicarse a quienes los cometieron antes, porque una ley más dura no puede aplicarse hacia atrás. En varios casos conocidos, el Ministerio de Justicia rechazó la rebaja y fueron los jueces quienes ordenaron concederla.

Lo nuevo, según se ha informado, es que el Ministerio otorgó 56 rebajas directamente, sin una orden judicial para cada caso. El Gobierno sostiene que solo cumple lo que la Corte Suprema ha establecido. Pero eso deja preguntas abiertas, entre ellas: ¿estaba el Ministerio obligado a concederlas por su cuenta, o podía seguir exigiendo la vía judicial, como antes? Creemos que no había obligación. Y, ¿se comprobó que cada condenado cumplía los requisitos exigidos y se hizo algo para notificar y/o proteger a las víctimas?

Detrás de cada rebaja hay una resolución del Ministerio, y a él le corresponde explicarla. Señalar que ese es el criterio de los tribunales no reemplaza esa explicación porque, además, esta vez no se pidió su intervención por los beneficiados con la rebaja.

Tampoco ayudará una carrera de proyectos de ley movida por la indignación. Una nueva ley difícilmente alcanzará a quienes ya cumplen condena, y las soluciones apuradas suelen quedar en promesas.

Nada de esto resta gravedad a estos delitos. Proteger a los niños exige un Estado que cumpla la ley, ejerza sus facultades criteriosamente, explique sus decisiones y cuide a las víctimas.

Sabas Chahuán
​Exfiscal Nacional