Delitos rurales: el campo reacciona

Existe la necesidad de desarticular las cadenas delictivas: perseguir no solo a quienes cometen los robos, sino también a quienes encargan, procesan, distribuyen, comercializan y exportan los bienes sustraídos, como el cobre y los frutos secos.

José Miguel Stegmeier
presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío

El aumento de los «delitos rurales» es una pesadilla para agricultores y habitantes del campo. Entre los hechos más graves están los incendios intencionales, incluso de carácter terrorista. También ocurren abigeato; robos de cobre, agroquímicos, insumos, equipos y maquinarias; y sustracción de frutas y otros productos agrícolas. Se suman asaltos domiciliarios, extorsiones y amenazas.

Desde nuestros gremios hemos denunciado esta situación ante las autoridades. La inseguridad frena la inversión del sector silvoagropecuario y afecta la calidad de vida rural.

Aunque existen leyes que sancionan estos delitos con mayores penas, como la Ley de Robo de Madera, queda mucho por hacer. Es prioritario reconocer que los campos también son lugares habitados y dar al robo rural un tratamiento equivalente al de las ciudades. También se necesita fortalecer la inteligencia policial, dotar a las policías de equipos adecuados y capacitar a Carabineros y a la PDI para actuar en zonas rurales.

Pero el campo está reaccionando. Los gremios agrícolas y forestales proponemos políticas públicas e impulsamos acciones de prevención y control. Hemos consultado a nuestros asociados para reunir datos estadísticos e implementado observatorios que entregan información a las autoridades y a la opinión pública.

La Sociedad Agrícola de Biobío AG (SOCABIO), que agrupa a agricultores y asociaciones por rubro de la Región del Biobío, creó el Observatorio de Delitos Rurales. Este recopila antecedentes, promueve las denuncias, acompaña a las víctimas y sigue los casos ante las policías, el Ministerio Público y los tribunales. Para fortalecer su labor, hemos avanzado en convenios con las policías, la Fiscalía, los municipios, la Seremi de Agricultura y el SAG.

Un hito importante fue la Feria de Seguridad Rural de SOCABIO, realizada el 9 de octubre. Allí presentamos el trabajo del observatorio ante las autoridades, encabezadas por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y el público. Empresas e instituciones mostraron tecnologías de seguridad, mientras Carabineros, la PDI, el Ministerio Público y el SAG expusieron sus acciones preventivas.

Una conclusión central fue la necesidad de desarticular las cadenas delictivas: perseguir no solo a quienes cometen los robos, sino también a quienes encargan, procesan, distribuyen, comercializan y exportan los bienes sustraídos, como el cobre y los frutos secos.

Esperamos que el aporte de los gremios y el compromiso de autoridades, policías, fiscales y jueces permitan marcar un punto de inflexión frente a la crisis de seguridad rural en Chile. Los costos son enormes; enfrentarla con políticas eficaces puede generar grandes beneficios.