Más herramientas para una justicia que llegue a tiempo

Desde Concepción, vemos con claridad que fortalecer la persecución del delito y entregar mejores herramientas a las policías y al Ministerio Público es avanzar hacia una justicia más eficaz y cercana a las personas.

La seguridad de las personas es una preocupación que no podemos desconocer. En nuestras ciudades y barrios existe una legítima expectativa de que, frente a un delito, el Estado sea capaz de reaccionar con rapidez, eficacia y decisión.

Por eso, la promulgación de la ley que amplía de 12 a 24 horas el plazo de flagrancia constituye un avance importante en materia de justicia y seguridad. Esta modificación entrega más tiempo para realizar diligencias fundamentales, identificar a los responsables y reunir evidencia durante las primeras horas de una investigación, que muchas veces son decisivas.

Como representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el Biobío, valoramos especialmente que esta reforma ponga en el centro la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado frente a una delincuencia que ha evolucionado y que exige respuestas acordes con esa realidad.

Esta medida es parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, que busca recuperar la capacidad de respuesta del Estado y entregar mayores herramientas a quienes tienen la responsabilidad de prevenir, investigar y perseguir los delitos.

Se trata de que las policías puedan actuar oportunamente, que la evidencia no se pierda, que la tecnología esté al servicio de la investigación y que exista una mejor coordinación entre las instituciones.

Desde el Biobío sabemos que la seguridad también requiere respuestas concretas. Nuestros ciudadanos esperan que las instituciones estén a la altura de sus necesidades y que quienes cometen delitos enfrenten las consecuencias de sus actos.

Esta ley apunta a que un Estado que llega antes, que investiga mejor y que entrega mayores certezas a las víctimas y sus familias.

Fortalecer la justicia es también fortalecer la confianza de las personas en sus instituciones. Ese es el compromiso que asumimos y que seguiremos impulsando desde nuestra región.

Robert Contreras

Seremi Justicia y Derechos Humanos