Reglas claras para la seguridad

Álvaro Ortiz (DC)
Diputado por el Distrito 20

Después de tres años y medio de tramitación, Chile está ad portas de contar con una ley que regule el uso de la fuerza por parte de las policías y las Fuerzas Armadas. Es una discusión que demoró demasiado. En democracia, quienes ejercen legítimamente la fuerza del Estado no pueden trabajar en la incertidumbre, ni la ciudadanía quedar expuesta a criterios que cambien según la autoridad o la contingencia.

Hasta hoy convivimos con decretos, circulares y protocolos dispersos. Eso no entrega suficiente certeza al carabinero que debe tomar una decisión en segundos, ni al ciudadano que tiene derecho a conocer los límites de esa actuación.

Por eso voté a favor.

La nueva normativa establece una escala gradual de ocho reglas, desde la presencia y el diálogo hasta, en circunstancias excepcionales, el uso de armas. Es un avance: la fuerza potencialmente letal debe ser siempre el último recurso.

Pero aprobar esta ley no significa dejar de observar críticamente sus alcances.

La denominada regla ocho permite utilizar armamento letal frente a ataques contra infraestructura crítica cuando esté comprometida la seguridad nacional.
Son conceptos suficientemente amplios como para abrir interpretaciones que podrían terminar resolviendo los tribunales. Una ley que busca entregar certeza no puede generar nuevas zonas grises.

También debemos ser rigurosos con lo que esta legislación efectivamente establece. La eximente de responsabilidad por cumplimiento del deber ya existe en nuestro Código Penal. Lo que hacemos ahora es establecer reglas más claras para evaluar cada actuación. Respaldar a Carabineros significa entregar certeza jurídica, respaldo institucional, capacitación y normas que les permitan cumplir su labor con seguridad y dentro de la ley.

Y existe un límite irrenunciable: los Derechos Humanos. La prohibición de la tortura, la protección de niños, niñas y adolescentes y las garantías de las personas detenidas no son obstáculos para combatir la delincuencia. Son principios fundamentales de un Estado democrático.

Chile necesita policías respaldadas y ciudadanos protegidos. Ambas cosas son compatibles.

Esta ley es un avance, pero su verdadero examen comienza ahora: en su reglamento, en la formación de los funcionarios y en la capacidad del Estado y del Congreso para fiscalizar su aplicación.

La seguridad no se construye debilitando derechos ni dejando solas a nuestras policías. Se construye con autoridad democrática, instituciones fuertes y reglas claras. Ese es el equilibrio que debemos defender.