La prevención no puede esperar al próximo incendio

Silvana Espinosa
Experta de Clima y Ecosistemas de Greenpeace

Tras los devastadores incendios que afectaron a Ñuble, Biobío y La Araucanía en enero pasado, el proyecto de Ley de Incendios Forestales recibió urgencia legislativa. En marzo, luego de diferencias entre la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, pasó a una comisión mixta. Sin embargo, recién cinco meses después esa instancia logró constituirse: tras un primer intento fallido por falta de quórum el 12 de agosto, la comisión se conformó una semana más tarde para resolver las diferencias pendientes entre ambas cámaras. Un avance necesario, pero tardío para una ley que busca precisamente anticiparse a una amenaza que cada verano vuelve a golpear al país.

La demora resulta especialmente preocupante este año. Chile se encamina hacia una temporada estival compleja. El fenómeno de El Niño ya está presente en el Pacífico y podría intensificarse hacia el verano 2026-2027. Para el centro-sur esto es particularmente relevante: El Niño suele asociarse durante el verano a condiciones más secas que, sumadas a temperaturas extremas, baja humedad, viento y abundante vegetación, pueden favorecer la rápida propagación del fuego.

No se trata de una amenaza desconocida. Chile ya ha experimentado temporadas en que condiciones meteorológicas extremas han contribuido a incendios de una magnitud extraordinaria. En 2017 y 2023, más de 400 mil hectáreas fueron arrasadas en cada temporada, dando cuenta de un fenómeno que la ciencia ha descrito como un nuevo régimen de megaincendios en la zona centro-sur. En un contexto de cambio climático, estos eventos nos obligan a dejar de pensar los incendios únicamente como emergencias que debemos combatir y comenzar a enfrentarlos como un riesgo que debemos prevenir y ante el cual debemos adaptarnos.

Por eso, aprobar la Ley de Incendios Forestales es urgente y necesario, pero también insuficiente. Es un primer paso para contar con mejores herramientas de prevención, disminuir la vulnerabilidad de los territorios y establecer responsabilidades frente a una amenaza creciente. Pero la discusión que Chile necesita es mucho más profunda: cómo preparamos nuestras ciudades y zonas rurales para temperaturas más extremas, cómo manejamos los territorios y reducimos su exposición al fuego, cómo protegemos y restauramos ecosistemas que aumentan nuestra resiliencia y, sobre todo, cuánto estamos dispuestos a invertir hoy para evitar las pérdidas de mañana.

En ese desafío, tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen responsabilidades. La adaptación climática no puede reducirse a prepararnos mejor para combatir incendios cuando se acerca el verano. Requiere políticas permanentes, planificación territorial, recursos y herramientas ambientales que permitan anticiparnos a los impactos de un clima que ya cambió.

No tenemos tiempo que perder. Se acerca el verano, conocemos los riesgos y contamos con una discusión legislativa avanzada. Que el Congreso apruebe esta ley es el mínimo esperable. Pero que el país comience a prepararse seriamente para los incendios y otros eventos extremos que traerá el cambio climático es el verdadero desafío.

La prevención no puede seguir esperando a que las llamas vuelvan a cobrarnos vidas, destruir comunidades y arrasar nuestros territorios.