Crisis climática: el nuevo costo que el mercado inmobiliario debe comenzar a incorporar

Soledad Gaete
Presidenta de ACOP Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios

Durante años, al evaluar una propiedad, factores como ubicación, conectividad, superficie, antigüedad y calidad de las terminaciones han ocupado un lugar central. Sin embargo, existe una variable que comienza a adquirir cada vez mayor relevancia y, que desde el mercado inmobiliario, debemos mirar con más atención: la exposición a los efectos del cambio climático.

Inundaciones, incendios, temperaturas extremas, sequías o eventos meteorológicos de mayor intensidad pueden generar un impacto directo sobre una vivienda y su entorno. Por lo mismo, traducirse en mayores costos de reparación, mantención, seguros y, eventualmente, en una menor tasación.

Un estudio del Banco Central de Chile estima que el 39% del valor de los bienes raíces del país tiene algún grado de vulnerabilidad física asociada al cambio climático. La recurrencia alcanza su mayor nivel en la macrozona centro, con más de la mitad de las propiedades expuestas, mientras que en la zona norte abarca a un tercio de las construcciones. Entre los riesgos analizados, las inundaciones aparecen como la principal amenaza para los bienes raíces.

Desde ACOP, con presencia de asociados en distintas regiones del país, vemos que este desafío no puede analizarse únicamente desde Santiago. Lo ocurrido en la Región de Coquimbo, por ejemplo, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que el mercado inmobiliario tendrá que abordar con mayor frecuencia: ¿cómo se incorpora el riesgo climático al momento de comprar, vender o mantener un departamento o casa?

A todas luces, la adaptación climática comienza a convertirse también en un asunto inmobiliario. La información sobre riesgos y las características de cada territorio tendrán un peso cada vez mayor en las decisiones inmobiliarias y, por lo mismo, ganarán importancia en el proceso de ponderación que los corredores de propiedades hacen al momento de asesorar a un cliente en su proceso de compra-venta.

En la práctica, esto significa que una propiedad no debería evaluarse únicamente por sus características físicas o por su ubicación, sino también por las condiciones del territorio en que se encuentra. Revisar antecedentes de inundaciones, quebradas inactivas u otros eventos que hayan afectado históricamente a una zona, conocer las medidas de mitigación existentes y considerar el estado de la infraestructura pueden ser elementos relevantes para anticipar costos y riesgos futuros. No se trata de incorporar una nueva barrera a las operaciones inmobiliarias, sino de contar con más información para que compradores, vendedores y propietarios puedan tomar mejores decisiones.

Como gremio, creemos que esta conversación debe incorporar las distintas realidades territoriales del país. La información sobre riesgos, las características de cada zona y la infraestructura de los inmuebles serán cada vez más relevantes para tomar decisiones inmobiliarias responsables.

Asimismo, esta es una conversación que merece ser ampliada y considerar a todos los actores de la industria: arquitectos, constructores, ingenieros y desarrolladores inmobiliarios, entre otros. Solo así, podremos tener una mirada ampliada del desafío que se viene para las ciudades y viviendas en Chile.