Corredores de transporte: el problema de fondo

En lo que fue, probablemente, la noticia de la semana para la Región del Biobío, el gobierno central modificó en al menos tres oportunidades la decisión sobre el destino de los corredores de transporte público de la Ruta 160, la Ruta 150 y la Autopista Concepción-Talcahuano. La renovación de estas arterias, clave para la conectividad, calidad de vida y actividades productivas de la región, pasó de estar en tramitación, a suspendida, y luego a una reversión parcial en que, sin condiciones claras aún, los proyectos continuarían bajo una modalidad distinta a la ya adjudicada. Todo en menos de una semana.

La trastienda, según medios locales, estuvo marcada por la negociación política, considerando la coincidencia del sector político de varias autoridades locales con el gobierno central. Pero en ese punto, que de forma poco clara permitió salir del paso, se encuentra el problema de fondo en materia de inversión pública regional. El proceso de descentralización política y administrativa, cuyo hito principal es la elección directa de autoridades regionales desde 2021, no ha ido acompañado de una descentralización del financiamiento regional que asegure recursos estables para obras vitales para el país.

Un intento reciente por avanzar en esa dirección fue la presentación en el año 2023 del proyecto de ley sobre financiamiento regional, descentralización y responsabilidad fiscal regional. Este comprendía, entre otras propuestas de modificaciones legales, la generación de nuevos ingresos propios para las regiones a través de determinados derechos y tasas, así como ingresos por la administración de bienes nacionales de uso público, la creación de un Fondo de Equidad Interregional, y la creación de dos asignaciones globales por región (de funcionamiento e inversión regional). A cambio, exigía mayor responsabilidad fiscal, control del gasto y rendición de cuentas. A la luz de lo ocurrido esta semana, sería importante conocer la posición de autoridades y parlamentarios locales sobre la continuidad o reformulación de un proyecto de este tipo. Son esas decisiones las que, más allá de la coyuntura, permiten un fortalecimiento regional de carácter estable, para el bienestar y desarrollo uniforme y armónico del país.

Rodrigo Castillo Jofré
Abogado, Mg. En Derecho Público. Colectiva – Justicia en DD.HH.