Proyecto de ley de “reconstrucción” nacional e impuesto verde

Oscar Reicher Salazar
Abogado, Dr. en Ciencias Ambientales.
Académico carrera de derecho, UdeC.

En el actual debate nacional, plantear un aumento de impuestos parece contraintuitivo. El proyecto de ley de reconstrucción nacional del Presidente Kast busca lo contrario: reducir impuestos para mejorar el escenario de inversión de grandes proyectos. Sin embargo, de cumplirse los efectos que el propio proyecto anuncia, resulta pertinente no abandonar los compromisos climáticos del país. Para ello, un reforzamiento del “impuesto verde” puede equilibrar crecimiento económico y protección ambiental.

El argumento es simple: si la reforma logra los efectos que declara, más proyectos se desarrollarán, pero ello puede implicar un aumento de la probabilidad de mayores emisiones de gases de efecto invernadero, afectando la trayectoria hacia la carbono neutralidad al 2050 que Chile definió legalmente. Pues bien, un impuesto verde “reforzado” crea un incentivo complementario al proyecto de ley: que los proyectos no solo busquen desarrollarse, sino también busquen emitir menos.

De cumplirse lo indicado en el proyecto de ley, los sectores con mayor peso en el PIB —minería, industria y energía— podrían impulsar sus proyectos. Sin embargo, estos sectores son también los de mayor peso emisor de gases de efecto invernadero. Es cierto que el sector energético ha crecido a través de proyectos que disminuyen la generación de estos gases, pero el proyecto de ley entrega los incentivos tributarios a todo tipo de proyectos, sin distinguir si generan o no GEI.

La evidencia para Chile —una de las economías más intensivas en uso de recursos según la OCDE— muestra que la relación entre crecimiento y emisiones sigue siendo positiva: es decir, mientras más crecemos, más emisiones de gases. Ello presiona el compromiso climático del país, ya que este opera en base a un presupuesto de carbono acumulado, donde una mayor actividad emisora de GEI lo agota más rápido.

Ante esto se hace necesario un segundo paso: reforzar el impuesto verde, lo que se traduce en un aumento de la tasa, ampliar sus variables de cálculo y reducir el umbral de establecimientos afectos. El instrumento no es solo recaudatorio: corrige una externalidad (la contaminación) e incentiva que las inversiones reduzcan emisiones. Además, en caso de cumplir con tales reducciones, los obligados a pagar un impuesto verde pueden acceder a beneficios a través del sistema de compensación vigente desde 2023 que ya muestra resultados de un creciente interés desde el sector privado.

Reforzar el impuesto verde responde también a una dimensión fiscal: Chile fue el primer país en emitir un bono vinculado a la sostenibilidad (SLB), cuyo cumplimiento —ligado al mismo presupuesto de carbono— reduce el costo de la deuda pública. Por tanto, mientras cumplamos nuestras metas climáticas menos deuda pública.

Un impuesto verde reforzado no es incompatible con la reactivación económica: es su complemento necesario para conciliar crecimiento, seguridad jurídica y sustentabilidad como una misma agenda.