Permisología: el desafío no es solo destrabar inversión, sino medir mejor la gestión del Estado

Flavio Cárdenas Herrera
Docente
Facultad de Economía y Negocios

Universidad de Chile

La discusión sobre permisología se ha instalado como uno de los temas relevantes de la agenda económica. Agilizar permisos, reducir burocracia, destrabar inversión y promover crecimiento aparece como una prioridad en un contexto de menor dinamismo. Desde una mirada de planificación estratégica, este énfasis ofrece una oportunidad para precisar responsabilidades institucionales, fortalecer la coordinación pública y mejorar la medición de resultados.

El Ministerio de Hacienda se vincula con esta agenda desde su rol macroeconómico: política fiscal, estabilidad, crecimiento e inversión. A la vez, la gestión concreta del sistema de permisos encuentra una bajada operativa en el Ministerio de Economía, a través de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI), y de la plataforma SUPER, concebida para registrar proyectos y hacer seguimiento a permisos.
A ello se suma una dimensión que resulta clave para una lectura integral: una parte relevante de la permisología está asociada a evaluación ambiental, resoluciones de calificación ambiental, permisos ambientales sectoriales y reclamaciones. Por eso, el análisis también debe considerar el rol del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), buscando compatibilizar mayor agilidad con certeza técnica, calidad regulatoria y resguardo de los estándares ambientales.

Los antecedentes disponibles refuerzan la importancia del tema. El Banco Central redujo la proyección de crecimiento del PIB 2026 a un rango de 1,0% a 1,75%, desde una estimación previa de 1,5% a 2,5%. A su vez, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales declara metas de reducción de tiempos entre 30% y 70%, y hasta 50% para proyectos estratégicos.

También se han informado inversiones destrabadas por el Comité de Ministros y proyectos calificados favorablemente por el SEA. Estos antecedentes muestran que la permisología tiene un impacto económico, pero también una gobernanza interinstitucional exigente, donde participan organismos económicos, ambientales y sectoriales.

El aporte metodológico está en distinguir entre resultados país y otros atribuibles a la gestión pública. El crecimiento del PIB, la inversión privada o el empleo proyectado permiten dimensionar la relevancia del problema, pero la gestión institucional se observa mejor en variables como tiempos de tramitación, trazabilidad de permisos, reducción de observaciones reiteradas, coordinación entre organismos, uso efectivo de SUPER y cumplimiento de plazos.

Desde la planificación estratégica, el desafío está en aumentar la proporción de proyectos que obtienen oportunamente sus autorizaciones sectoriales y ambientales críticas, mediante coordinación entre OASI, SEA, MMA y organismos sectoriales, asegurando trazabilidad, certeza técnica, simplificación de procesos y mantención de estándares.

Esta mirada no busca atribuir a una oficina o servicio público la responsabilidad directa sobre el PIB o toda la inversión privada. Más bien propone identificar resultados intermedios, medibles y atribuibles: permisos críticos tramitados oportunamente, con trazabilidad, coordinación y calidad técnica.

En síntesis, la Cuenta Pública puede transformarse en planificación estratégica cuando el énfasis político se traduce en gestión institucional verificable. Hacienda aporta el marco macroeconómico; Economía/OASI, SUPER, SEA, MMA y los organismos sectoriales aportan la operación y coordinación del sistema de permisos.

El desafío no es solo destrabar proyectos, sino demostrar que el Estado puede reducir tiempos, ordenar procesos y mantener estándares técnicos y ambientales.