Fondos para mascotas y rendiciones pendientes

Puede haber gastos legítimos, programas ejecutados y esterilizaciones realizadas. El problema es que, sin rendición, resulta imposible distinguir la gestión correcta del desorden, y el desorden de la irregularidad.

Clemente Labadía
CFO de Rindegastos

El último informe de la Contraloría sobre el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía dejó cifras incómodas para el Biobío. Como publicó Diario Concepción, doce municipalidades de la región, entre ellas Concepción, San Pedro de la Paz, Tomé y Coronel, recibieron $1.508 millones para iniciativas de la llamada Ley Cholito y respondieron con silencio a los requerimientos del ente fiscalizador. A eso se suman siete comunas que declararon la ausencia total de jornadas de rescate animal o control de población, pese a que desde 2022 la Subdere les transfirió $764 millones.

El punto va más allá de las mascotas. A nivel nacional, 162 corporaciones edilicias quedaron sin responder por el uso de más de $16.000 millones. Y conviene ser justos, porque la falta de respuesta dista de ser sinónimo de fraude. Puede haber gastos legítimos, programas ejecutados y esterilizaciones realizadas. El problema es que, sin rendición, resulta imposible distinguir la gestión correcta del desorden, y el desorden de la irregularidad. Todo queda atrapado en una misma zona gris que debilita la confianza pública y deja expuestos incluso a los municipios que hicieron bien su trabajo.

Esto ocurre por una razón conocida. En buena parte del sector público, y también en muchas empresas, el control del gasto sigue operando con una lógica reactiva. Primero se ejecuta, después se juntan los papeles y, mucho más tarde, alguien revisa. Cuando la revisión llega, los respaldos se perdieron, el funcionario que aprobó ya se fue y la documentación quedó repartida entre correos, planillas y archivadores. Frente a un fiscalizador, esa organización pierde la posibilidad de demostrar su buena fe.

La tecnología cambió esa ecuación hace rato. Las plataformas de rendición permiten que la aprobación, el respaldo y el registro de cada gasto ocurran en el mismo momento en que este se realiza, con trazabilidad completa desde el primer peso. Un municipio que opera así puede responder un requerimiento de la Contraloría en días y con evidencia ordenada, en lugar de sumarse a una lista de instituciones que guardan silencio.

Los recursos de la Ley Cholito son, en escala, una fracción menor del presupuesto público. Justamente por eso el caso es tan ilustrativo. Si cuesta rendir $1.500 millones destinados a esterilizaciones y caniles, el desafío con programas de mayor envergadura es evidente. La rendición de cuentas debe entenderse como infraestructura de control y dejar atrás su fama de trámite. Es la única forma de cuidar recursos que son de todos, incluidos los que van en ayuda de quienes ni siquiera pueden reclamar por ellos.