Tierras Raras: Triunfó lo Técnico

Julio Anativia Zamora
Delegado Presidencial Regional del Biobío

La reciente aprobación unánime del proyecto de tierras raras de la empresa Aclara en la comuna de Penco, mediante una contundente votación de 12 votos a favor y cero en contra por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental, constituye un hito de profunda relevancia para el desarrollo económico y la institucionalidad de nuestro país. En un escenario donde las decisiones de inversión suelen verse entrampadas en discusiones ideológicas o sesgos de popularidad, este dictamen unánime devuelve la certeza jurídica al poner en el centro el rigor técnico por sobre las simpatías políticas o las presiones sociales infundadas. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no actúa bajo criterios de afinidad, sino bajo un estricto, transparente y exigente checklist normativo y jurídico que este proyecto logró sortear con absoluta pulcritud.

La resolución favorable se sostiene sobre un contundente informe técnico de más de 200 páginas que plasma un proceso ejemplar de aclaraciones y adendas. A lo largo de esta exhaustiva evaluación, la minera logró subsanar, corregir y complementar satisfactoriamente cada una de las observaciones planteadas por los servicios públicos con competencia ambiental. El informe concluye con total solidez que la iniciativa, que involucra una inversión de US$ 130 millones, se hace cargo de manera apropiada de los efectos, características y circunstancias descritas en el Artículo 11 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Las medidas de mitigación, compensación y reparación validadas por la autoridad civil demuestran que los estándares exigidos por la legislación chilena se cumplen de forma rigurosa.

Desde la perspectiva de la ingeniería ambiental evaluada, el proyecto plantea un método de explotación innovador y de baja escala denominado “Cosecha Circular”, el cual reduce drásticamente los riesgos críticos de la minería tradicional. Al extraer las tierras raras desde arcillas superficiales, el diseño es un proceso libre de explosivos, lo que descarta el uso de tronaduras y reduce significativamente el impacto acústico y de vibraciones. Asimismo, opera sin relaves ni radiactividad, evitando los desechos mineros altamente contaminantes del pasado, y funciona mediante un circuito cerrado de agua que contempla la recirculación del 95% del recurso junto al uso de fuentes recicladas, protegiendo así los caudales naturales superficiales de Penco.

Más allá de sus impecables credenciales ecológicas, el impacto socioeconómico para la Región del Biobío es incuestionable. En su etapa de construcción (de 18 a 24 meses), el proyecto generará un dinamismo inmediato mediante la creación de entre 800 y 1.000 plazas de trabajo en obras civiles y logística. Posteriormente, durante sus 15 años de vida útil operativa, asegurará entre 250 y 300 empleos directos y estables para personal técnico y profesional. A esto se suma una red de desarrollo local que proyecta entre 1.000 y 1.200 empleos indirectos en servicios de alimentación, alojamiento y maestranza, inyectando un motor de desarrollo indispensable para las familias de Penco y Concepción.

Frente a las legítimas dudas sobre las garantías de preservación, la empresa no solo queda sujeta al cumplimiento estricto de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), sino que introduce una herramienta de vanguardia: el Monitoreo Participativo. Este último filtro obliga de forma legal a la compañía a abrir sus datos de calidad de aire y agua en tiempo real a las agrupaciones de vecinos y comités ambientales locales. La comunidad se convierte en fiscalizadora directa, asegurando una convivencia transparente.

Finalmente, este hito demuestra fehacientemente que es posible romper con la permisología cuando existe voluntad política, seriedad corporativa y rigor técnico. Con esta histórica aprobación unánime, el proyecto logra destrabar la densa capa de permisología que suele asfixiar a la inversión productiva en el país. Este hito marca un antes y un después, demostrando que la permisología no tiene por qué ser un freno eterno para el desarrollo nacional, abriendo una ventana de optimismo y consolidando un modelo donde el crecimiento económico regional y la protección ambiental no son excluyentes, sino perfectamente complementarios.