La violencia invisible contra la infancia

Sebastián Alvarado Montes
Asociación Internacional de Derecho Penal
Alumni Derecho UdeC

El pasado 18 de mayo fue conmemorado el Día Nacional contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, fenómeno que ha experimentado un crecimiento alarmante en los últimos años. Según cifras de la Fundación Amparo y Justicia, entre 2014 y 2024 las denuncias por delitos sexuales cometidos contra menores de edad en Chile aumentaron un 128%, pasando de aproximadamente 18.000 a 41.000 casos, lo que equivale, en promedio, a una denuncia cada 13 minutos.

Cada niño, niña o adolescente víctima de explotación sexual representa mucho más que un delito consumado, representa una cadena previa de abandonos, silencios y fallas institucionales que permitieron que esa vulneración ocurriera, crecimiento que se ve propiciado por el desconocimiento y la invisibilización del problema.

Por un lado, existe una tendencia a imaginar la explotación sexual de menores de edad como una realidad excepcional asociada únicamente a redes criminales o contextos extremos de marginalidad, cuando en realidad se trata de un fenómeno transversal que rara vez aparece de manera aislada. Por el otro, se comete un grave error al abordar la explotación sexual exclusivamente desde el ámbito penal: sin duda, la persecución y juzgamiento de los responsables es indispensable, pero el derecho penal actúa cuando el daño ya ocurrió, quedando detrás de la condena una serie de consecuencias psicológicas y emocionales en cada víctima.

El escenario en que se desarrolla este tipo de criminalidad se ha visto transformado con los avances de la tecnología. Hoy la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no requiere necesariamente de contacto físico entre víctima y agresor, ya que las redes sociales y plataformas digitales permiten procesos de captación y manipulación que operan con mecanismos de difícil abordaje para los persecutores, quienes a su vez se han visto saturados por la sobrecarga en el número de causas.

En Chile persisten importantes debilidades institucionales para una respuesta integral ante esta problemática, que al día de hoy reacciona de manera fragmentada. Muchas víctimas enfrentan largos tiempos de espera para atención especializada, procesos de revictimización y ausencia de apoyo oportuno en temas de salud mental, frente a lo cual no bastan las respuestas simbólicas. En efecto, endurecer penas puede satisfacer una necesidad retribucionista en el plano social, pero no resuelve por sí solo las condiciones que permiten la comisión de estos hechos, pues la prevención exige fortalecer redes de detección temprana y mejorar la coordinación interinstitucional.

La violencia sexual cometida contra menores de edad no prospera únicamente por el actuar de los agresores, sino que también por la existencia de infancias abandonadas, deficiencias institucionales y comunidades incapaces de advertir señales de peligro.

Una sociedad se define, en buena medida, por la forma en que protege a las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, y hoy, pese a avances relevantes, el Estado llega demasiado tarde para muchos niños, niñas y adolescentes. Ese es el verdadero fracaso que esta conmemoración debiera obligarnos a enfrentar.