Faltar a la Ley no es tan simple como decir fue un error

Gastón Saavedra Chandía
Senador PS Biobío

Hay hechos que no admiten matices. Lo ocurrido con el presidente José Kast no es un error menor ni un desliz anecdótico, como el mismo intenta hacerlo parecer. Es una señal clara, profunda y peligrosa: una falta de voluntad real por respetar el Estado de Derecho, incluso en lo más básico.

El propio presidente reconoce que utilizó dependencias de La Moneda para un almuerzo con amigos. Es decir, admite haber usado bienes públicos para fines privados. Y como si eso no fuera suficiente, intenta justificarlo diciendo que no conocía la norma. Esa explicación no solo es jurídicamente inválida, es políticamente inaceptable.

En Chile existe una regla elemental: la ley se presume conocida por todos. Está en nuestro Código Civil, y obliga a cualquier ciudadano, con mayor razón obliga al Presidente. No hay excepciones, no hay privilegios, no hay zonas grises, cuando la ley es clara no es licito al interprete distinguir.

La Constitución Política de la República de Chile lo dice: las autoridades deben someter su actuar a la Constitución y las leyes. No es opcional. No depende del conocimiento ni de la conveniencia. Es la base misma del Estado.

Y aquí aparece el punto más grave: la señal. Porque cuando el Presidente relativiza una norma básica —no usar bienes públicos para fines privados— abre una puerta peligrosa. Una pendiente resbaladiza que después nadie puede controlar.

¿Qué más se puede esperar entonces de los funcionarios de menor rango? Si el presidente no cumple, ¿qué le decimos al chofer que usa el vehículo fiscal para ir a dejar a sus hijos al colegio?, ¿Qué le decimos al funcionario que acomoda una licitación para un pariente?, ¿Qué le decimos al que empieza a justificar pequeñas irregularidades porque “no sabía”?

Y si seguimos empujando ese límite, la degradación es total: ¿Qué le decimos al delincuente que afirma que no sabía que robar era delito?, ¿Al que dice que no sabía que vender droga estaba prohibido?, ¿Al que pretende justificar un crimen diciendo que desconocía la ley?

¿Vamos a decirles que fue una falta menor?, ¿Que está bien porque no sabían? Eso es absurdo y peligroso. Porque el Estado de Derecho no se destruye de un día para otro. Se erosiona cuando las normas empiezan a relativizarse desde arriba. Cuando quien debe dar el ejemplo decide que puede cruzar la línea y luego explicarlo como un error.

La Ley Nº 18.575 establece con claridad el principio de probidad: los bienes públicos son para fines públicos. No hay interpretación posible. No hay excusa válida. Por eso, aunque algunos quieran minimizarlo diciendo que “es solo un almuerzo”, lo que está en juego es mucho más grande. Es la señal que se instala. Es el estándar que se rompe. Es el mensaje que baja a todo el aparato del Estado.

Cuando el presidente Kast no respeta la ley en lo más simple, pone en duda su compromiso con todo el estado de Derecho. Y eso, en cualquier democracia seria, no es un detalle. Es una falta de máxima gravedad y debe asumir su responsabilidad política y administrativa.