Impuestos, bencina y reconstrucción: ¿Quién financia el país que viene?

Sindy Salazar Pincheira
Abogada Colectiva Justicia en Derechos Humanos

¿Qué tiene que ver la reconstrucción de viviendas en Lirquén con la rebaja de impuestos a las grandes empresas? La respuesta está en los recursos del Estado, y en cómo impactan en la vida de las personas.

Esta semana el gobierno anunció un alza en el precio de los combustibles, con aumentos de $370 por litro de bencina y $580 de diésel. Al mismo tiempo, impulsa una reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%. Ambas decisiones inciden en la distribución de costos en la economía del país.

El alza de los combustibles impacta directamente en la vida cotidiana. Aumentan los costos de transporte, suben los alimentos y se ajustan los precios en toda la cadena. La presión se concentra en las familias trabajadoras, que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo básico.

La rebaja del impuesto corporativo, por otro lado, tiene un sentido opuesto. Reduce los ingresos fiscales que hubiesen permitido paliar la crisis, y se orienta a un grupo acotado: las empresas con ventas superiores a 100.000 UF, que representan cerca del 1,5% del total pero concentran el 87,7% de las ventas. Cerca del 80% del beneficio se concentra en el 1% de mayores ingresos.

El argumento oficial plantea que la medida impulsará la inversión y el crecimiento, pero la evidencia dice lo contrario. Un metaanálisis considerando 42 países, publicado en 2022 en European Economic Review, concluye que las rebajas del impuesto corporativo no tienen efectos significativos sobre el crecimiento.

Chile ya presenta una recaudación menor que la de la OCDE. La carga tributaria bordea el 21% del PIB, frente a un promedio OCDE cercano al 34%, y el peso del IVA implica una mayor carga relativa sobre las personas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha señalado que sistemas tributarios con alta dependencia de impuestos al consumo, junto con beneficios a grandes patrimonios, afectan la capacidad de los Estados para cumplir con los derechos sociales que las mayorías necesitan.

La respuesta parece clara: el país que viene no lo financian quienes más tienen sino las familias chilenas, cuando compramos el pan y cuando pagamos la micro. La reconstrucción saldrá de nuestros propios bolsillos.