María Ignacia, concejala desaparecida

Pedro Vera Castillo

Delegado Junta Nacional del PDC

Nos referimos a María Ignacia González Torres, mujer de 73 años, concejala de la comuna de Villa Alegre durante 5 periodos, desaparecida forzadamente la noche del 17 de junio de 2025, cuando estaba, en su compromiso social, visitando a vecinos afectados por un fuerte temporal.

De manera sorprendente, hasta hoy con nulos resultados de la investigación judicial y con la imposibilidad de devolver algún consuelo a su familia destruida y a la propia comunidad de Villa Alegre y sus 15 mil habitantes. Nada se sabe de María Ignacia y de su vehículo.

Es imposible, además, no desligar su desaparición de su rol fiscalizador ejercido con rigor e incansablemente contra funcionarios municipales y empresas privadas de la Región.

Esta pequeña comuna de la provincia de Linares, en la región del Maule, que se caracteriza por su arquitectura colonial y la tradición vitivinícola de la zona con la presencia de naranjos en sus calles principales, hoy ha perdido su bucólica tranquilidad y respira silencio y miedo.

Por otra parte, llama la atención, constatar, en el sitio de la Municipalidad de Villa Alegre, la nula referencia a la desaparición forzada de una integrante de su Concejo Municipal. Entre sus integrantes, figura – como es habitual – solamente la foto de María Ignacia. Parece que no existe interés real por aclarar la desaparición forzada de una autoridad comunal electa por la ciudadanía con la confianza reiterada durante 5 periodos. Y no se tiene conciencia de que permanecer en silencio frente a este hecho de tanta gravedad, ocurrido en plena vida democrática del país, constituye un grave error. No actuar, no denunciar, no hablar implica hoy ser cómplice de la desaparición de María Ignacia. Se requiere que los habitantes de Villa Alegre, reforzando sus lazos de vida comunitaria, sean capaces de vencer el miedo que recorre sus pocas calles y colaboren con información clave. ¡No están solos!

Es necesario que la Justicia haga su tarea con decisión y con el apoyo de los respectivos poderes públicos, incluido el Concejo Regional, contando con todos los medios tecnológicos y humanos para ello. Especial atención debe merecer este caso para la fiscalía nacional cuyo liderazgo debe expresarse en el refuerzo de la tarea investigativa a través de las decisiones judiciales que correspondan.

Esta es una herida abierta, no sólo para los militantes de su partido, sino para todos los habitantes de nuestro país. No es posible aceptar que en democracia se repitan las desapariciones forzadas que se hicieron habituales en dictadura ni menos cuando éstas afectan a autoridades elegidas por la ciudadanía.

En el 8 de marzo, día mundial dedicado a la Mujer y básicamente a quienes han luchado incansablemente por sus derechos, justamente es el caso de María Ignacia, renovemos nuestro compromiso por verdad y justicia para ella. Sólo un país movilizado y comprometido lo hará posible.