El regreso de la primera dama

En Chile, el cargo de primera dama fue eliminado de la estructura gubernamental durante la administración del presidente Gabriel Boric, tras el cierre de su oficina y el traspaso de las fundaciones asociadas a ministerios sectoriales. Su reinstalación en el nuevo ciclo político no constituye, sin embargo, un gesto meramente simbólico.

Reactiva un debate sustantivo sobre la legitimidad, funciones y marcos institucionales de un rol no electo con proyección pública y política.

El debate sobre el rol de la primera dama trasciende el caso chileno y forma parte de una discusión de alcance internacional. La literatura especializada sobre primeras damas en América Latina muestra una evolución significativa de esta figura, que ha transitado de un rol predominantemente ceremonial a formas más activas de participación en la agenda pública. En diversos contextos, han impulsado políticas públicas, participado en instancias internacionales y, en algunos casos, han capitalizado esa visibilidad para proyectarse electoralmente.

Las primeras señales de la futura primera dama permiten delinear, aún de manera incipiente, su inserción en la arena pública. Su participación en la primera gira internacional del presidente electo, la asistencia a actividades oficiales y los encuentros con primeras damas extranjeras, como en El Salvador, y ex primeras damas chilenas sugieren un énfasis inicial en la participación activa en política. Este patrón contrasta con su baja exposición durante la campaña presidencial.

Más allá de estas apariciones, persiste una ausencia de definiciones programáticas respecto del ejercicio del cargo: sus atribuciones, su articulación con las políticas públicas, su relación con los ministerios y su oficina. Esta ambigüedad no es menor. La primera dama ocupa una zona gris dentro del aparato estatal, combinando visibilidad e influencia sin recibir remuneración ni contar con una regulación explícita ni con sistemas formales de control.

Ello tensiona los principios básicos de la administración pública, como la transparencia, la rendición de cuentas y la delimitación de competencias. Pese a ello, las últimas encuestas muestran un respaldo ciudadano al regreso de la figura. Es decir, existe legitimidad social para que la primera dama tenga un rol visible, aunque esto no sustituye la necesidad de regulación.

El desafío central no es simplemente ocupar un espacio vacante, sino definirlo institucionalmente, integrarlo al entramado del Ejecutivo y alinearlo con principios básicos de responsabilidad democrática. Esto implica que se reconozca a la primera dama como una actoría política dentro del Poder Ejecutivo con una alta carga simbólica.

Mientras tanto, la primera dama seguirá siendo una figura tan influyente como controvertida.

Carolina Guerrero Valencia

Doctora en Ciencia Política, Universidad de Hamburgo, Alemania.
Investigadora asociada al GIGA Institute for Latin American Studies

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