Fue en defensa propia

Sindy Salazar Pincheira
Abogada Colectiva Justicia en DD.HH.

Un video brutal se difundió en los últimos días. Un agente de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, dispara frontalmente contra una mujer que manejaba una camioneta. En 47 segundos no cabe explicación alguna, pero el resultado es inequívoco: la acción acabó con la vida de Renee Nicole Good, ciudadana norteamericana, madre y activista de 37 años.

Y como suele ocurrir cuando la violencia viene desde el Estado, las explicaciones aparecieron demasiado rápido. Antes de cualquier investigación, se repitió una frase escuchada tantas veces en distintos países y contextos: “fue en defensa propia”. Es corta y funciona bien en la prensa, pero también es útil para algo más determinante: cerrar el debate antes de tiempo.

Sin embargo, la democracia se tensiona profundamente ante una muerte en manos del Estado. No porque toda actuación policial sea ilegítima, sino porque el poder armado, sin control efectivo, corre el riesgo de volverse carta blanca para la impunidad. Y cuando esta lógica sienta precedente, la deriva autoritaria se impone.

Aunque esto haya ocurrido en Estados Unidos, no es una historia ajena. Allá o acá, en las sociedades modernas, la policía no se limita a perseguir delitos. También moldea la vida cotidiana, define quién camina con libertad y quién lo hace con cautela, mirando alrededor, calculando cada gesto.

Esa sospecha casi siempre recae sobre las mismas personas: jóvenes, pobres, migrantes, comunidades enteras que cargan con la etiqueta del “peligro” por adelantado. Y mientras eso ocurre, otros poderes mucho más reales y mucho más dañinos suelen pasar por el lado, con menos escándalo y menos consecuencias.

Al final, la pregunta de fondo nos involucra a todas y todos. ¿En qué momento nos acostumbramos a que la seguridad se use como excusa para justificar muertes y administrar desigualdad? Una democracia no debería medirse por cuántos uniformados despliega, ni por cuánta fuerza necesita mostrar. Debería medirse por su capacidad de poner límites claros al uso de la violencia, por la transparencia con que investiga los abusos, y por la dignidad que garantiza a quienes viven la ciudad desde abajo, no desde la comodidad del poder.