Privatización silenciosa de lagunas y humedales

En muchas ciudades chilenas, las lagunas y humedales urbanos han pasado de ser espacios abiertos y cotidianos a convertirse en paisajes fragmentados, cercados o visualmente apropiados. Aunque el agua sigue ahí, su acceso se vuelve progresivamente restringido y regulado por instrumentos normativos, generando una privatización silenciosa que rara vez es debatida como un problema de justicia espacial.

Los bordes de los cuerpos de agua urbanos cumplen funciones sociales y ecológicas. Son espacios de encuentro para la comunidad, donde se desarrollan actividades culturales y de memoria territorial, como también espacios que cumplen un rol de regulación ambiental. Sin embargo, en el marco de modelos urbanos orientados por la valorización del suelo, estos espacios son frecuentemente resignificados como espacios de alta plusvalía potencialmente para el desarrollo de proyectos inmobiliarios o áreas de uso exclusivo, desplazando prácticas históricas de acceso comunitario y debilitando su carácter de bien común.

Esta dinámica no siempre se expresa mediante privatizaciones formales. Muchas veces opera a través de decisiones normativas o diseños urbanos excluyentes, como cierros o vigilancia, que producen barreras invisibles pero efectivas. Instrumentos como los planes reguladores contribuyen a redefinir estos bordes determinando quién puede acercarse al agua, cómo y bajo qué condiciones, transformando un elemento vital en un privilegio urbano.

Desde una perspectiva de justicia espacial, la restricción del acceso a lagunas y humedales implica una distribución desigual de beneficios ambientales y una vulneración indirecta del derecho a la ciudad. No se trata sólo de conservar estos ecosistemas, sino de reconocer que su apropiación selectiva profundiza desigualdades sociales y territoriales, afectando especialmente a comunidades históricamente vinculadas a estos espacios.

Repensar estos espacios exige superar su tratamiento como recurso paisajístico o activo inmobiliario, y avanzar hacia una planificación que los reconozca como espacios vivos y colectivos, relevando la importancia que cumplen ambientalmente en todo el sistema natural del territorio.

Claudia Cerda Inostroza

Arq. Urbanista Dra(c) en Estudios Territoriales Sur Global (DETSUR)
Colaboradora Colectiva Justicia en DD.HH.