Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes
23 de Septiembre 2025 | Publicado por: Diario Concepción
Verónica Gómez Fernández
Jefa del Magíster en Intervención Social con Niños y Niñas UCSC
En Chile, la niñez y adolescencia enfrenta una de las formas más crueles y devastadoras de violencia: la explotación sexual (ESNNA). Según Nota Técnica N°5 de la Defensoría de la Niñez, entre 2022 y 2023 fueron identificadas 2.184 víctimas, un aumento del 29% en sólo dos años. El fenómeno tiene rostro: el 86% de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres, y la mayoría se concentra en el rango de 14 a 17 años.
En los entornos digitales, un espacio cada vez más presente en la vida cotidiana, más de la mitad de las víctimas son menores de 13 años. La violencia no distingue territorio, pero se ensaña con regiones del norte, la Metropolitana, Magallanes y sectores portuarios, comerciales y turísticos.
El Informe al Secretario General de la OEA 2024 releva que la explotación sexual infantil es un fenómeno regional, atravesado por desigualdades de género, pobreza, dinámicas del crimen organizado y brechas tecnológicas. En varios países de América Latina, incluido Chile, se constata que las niñas bajo cuidado alternativo residencial por medida de protección frente a graves vulneraciones de derechos, son especialmente vulnerables.
La ESNNA no es un delito aislado y en muchos casos se encuentra vinculada al crimen organizado, especialmente en contextos de movilidad humana, donde el ingreso irregular o no acompañado de niños, niñas y adolescentes, encuentra terreno fértil en la impunidad. La brecha existente entre denuncia, investigación y sanción erosiona la confianza en las instituciones y perpetúa el ciclo de vulneración. Pero la ESNNA no sólo es un delito grave: es una violación gravísima a los derechos humanos equiparable a la esclavitud y al trabajo forzoso, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo y reiterado los comités de Naciones Unidas.
Para la intervención efectiva, se requiere de políticas de prevención robustas, profesionales especializados, inteligencia policial e investigativa, coordinación interinstitucional para proteger y reparar el daño causado y la comunidad comprometida.
El sector privado, las plataformas digitales, la industria turística y financiera, tienen una responsabilidad ineludible y, por cierto, los ciudadanos que normalizan las situaciones de explotación. Con valentía política y recursos sostenidos podemos avanzar a una cultura de derechos que ponga en el centro por fin a las infancias.