Ley Marco de Permisos Sectoriales

Javier Sepúlveda
Seremi de Economía Biobío

En Chile, y particularmente en regiones como la nuestra, el debate en torno a los proyectos de inversión que requieren permisos sectoriales ha estado marcado por una percepción crítica respecto a la burocracia y a la falta de coordinación entre instituciones. Sin embargo, este diagnóstico muchas veces no da cuenta de los esfuerzos que se están realizando para fortalecer la gestión pública sin debilitar los estándares que resguardan el bien común.

La recientemente aprobada Ley Marco de Permisos Sectoriales avanza en esa dirección. No busca eliminar controles ni flexibilizar exigencias, sino dotar al Estado de mejores herramientas para que los procesos de tramitación avancen con mayor fluidez. Se trata de una política pública que reconoce que el problema no está en los permisos, sino en la capacidad institucional para gestionarlos de manera eficiente y oportuna.

Mejorar la experiencia de quienes desarrollan proyectos no significa renunciar al cuidado ambiental ni a la rigurosidad técnica. Significa contar con equipos suficientes, procesos claros y una gobernanza capaz de acompañar las iniciativas desde su origen. La pregunta detrás de esta ley no fue cómo bajar exigencias, sino cómo modernizar la gestión administrativa para que el Estado pueda responder a la altura de los desafíos del desarrollo sostenible.

Por un tiempo, tanto desde el sector público como privado, se insistió en la necesidad de mejorar los procedimientos, evitar redundancias y contar con una institucionalidad más coordinada. Esta ley recoge ese consenso, proponiendo un modelo de gestión más transparente, predecible y orientado a resultados, sin poner en riesgo los estándares técnicos ni las evaluaciones ambientales.

Los beneficios proyectados dan cuenta de su impacto. Según estimaciones del Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial, esta ley permitiría un aumento del Producto Interno Bruto de 2,4% en 10 años, lo que equivale a 0,24 puntos porcentuales por año. Además, se espera una recaudación fiscal adicional equivalente a 0,59% del PIB, gracias a la activación anticipada de proyectos actualmente detenidos por barreras burocráticas.

Desde el Ministerio de Economía y, en particular, desde nuestra Seremi, valoramos esta iniciativa porque responde a una demanda transversal, destrabar procesos sin saltarse etapas. No se trata de eliminar barreras, sino de acompañar mejor. No de apurar sin control, sino de avanzar con certezas.

La inversión es clave para generar empleo, diversificar nuestra economía y avanzar hacia una mayor cohesión territorial. Por eso, contar con un sistema de permisos más ágil es una condición necesaria. Esta ley es, en ese sentido, una oportunidad concreta para fortalecer la acción del Estado y generar mayor confianza en nuestras instituciones. Porque lo urgente no está reñido con lo importante, avanzar en eficiencia es también avanzar en desarrollo sostenible.