Avances y retrocesos

Florencia Alvez Marín
Abogada Colectiva Justicia en Derechos Humanos

Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Opinión Consultiva 32/25 (OC) solicitada por Chile y Colombia sobre emergencia climática y derechos humanos.

En su solicitud, los Estados señalaron que las consecuencias de la emergencia climática obligan a responder de manera urgente y sobre la base de los principios de equidad, justicia, cooperación y sostenibilidad. Reconocen además que el derecho a un ambiente sano está conectado a otros derechos que permiten la vida y la sobrevivencia de las generaciones presentes y futuras.

Esta OC, impulsada por Chile, permite echar luz sobre las obligaciones de los Estados y reconoce la necesidad de actuar con urgencia frente a la crisis climática, que no solo constituye una amenaza ambiental, sino una vulneración directa a otros derechos humanos. La Corte fue clara: los Estados deben adoptar medidas urgentes, progresivas y cooperativas guiadas por los principios de equidad, justicia climática y participación. El estándar es el de una “debida diligencia reforzada”, que exige prevenir daños irreversibles al ambiente y proteger a las comunidades más vulnerables.

Paradójicamente, mientras Chile promueve este pronunciamiento de la CIDH, avanza en el plano interno el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) -respecto del cual se presentó un requerimiento de inconstitucionalidad ante el TC el pasado 4 de julio- cuyo principal objetivo es agilizar y simplificar los permisos administrativos para facilitar la inversión y el crecimiento económico. Esta norma contempla mecanismos -silencio administrativo positivo y declaraciones juradas habilitantes- que permiten que ciertos proyectos se ejecuten sin evaluación previa real, lo que constituye abandono del Estado a su obligación de prevención, que fuertemente remarca la OC, y contradice el compromiso manifestado ante la CIDH de promover un estándar más alto y exigente de protección ambiental como parte de los derechos humanos, con enfoque preventivo, intergeneracional y participativo. Si bien la solicitud de OC constituyó un avance, hoy parece que el Estado de Chile avanza en dirección contraria, priorizando aspectos económicos por sobre la protección ambiental y la participación ciudadana.