Autotutela

La razón de existir del Estado la consagra la misma Constitución: está al servicio de la persona humana.

Florencia Alvez Marín
Abogada-Colectiva Justicia en Derechos Humanos

El Estado se entiende como un concepto político referido a una forma de organización social, dotado de instituciones soberanas, que regulan y organizan la vida de una comunidad en un territorio determinado. La doctrina constitucional clásica estima que el Estado tiene tres elementos principales: territorio, población y poder.

El poder es el componente central del Estado: el Estado monopoliza el poder, y le impide a los particulares ejercer la violencia física. Es por ello que la autotutela -la facultad de resolver por sí mismo un conflicto, imponiendo una solución por lo general por medio de la violencia- en nuestra legislación se permite de forma excepcional, por ejemplo en el caso de la legítima defensa o las detenciones ciudadanas, cuando peligra la propia vida o la de terceros, o para ayudar a la autoridad en la captura de una persona que está cometiendo un delito.

La razón de existir del Estado la consagra la misma Constitución: está al servicio de la persona humana -que es anterior y superior al primero- y tiene por finalidad promover el bien común.

La inseguridad que muchas personas viven a diario, amplificada por los medios de comunicación, conducen en ocasiones a los particulares a ejercer autotutela, buscar “justicia” por sus propias manos, o a justificar el uso de la violencia. “Nadie merece ser baleado, pero…” señalaba una mujer en una entrevista radial a propósito de un conflicto entre vecinos que terminó a balazos, con una persona en riesgo vital.

El “pero”, adverbio inofensivo que constituye una pequeña fractura en la convivencia social que si no es atendida a tiempo puede hacer tambalear al Estado de derecho, pues no solo afecta a los individuos “ajusticiados”, sino que además deteriora la legitimidad de la autoridad y pone en duda el reconocimiento de derechos que constituyen el pilar de nuestra convivencia social.

Para un efectivo respeto y garantía a los derechos fundamentales es imprescindible la educación cívica. Confiar que podemos avanzar como sociedad entregándole esta tarea solo a las leyes, o incluso a la autoridad es claramente insuficiente. Está siendo insuficiente. Se requiere avanzar en la implementación de políticas que permitan entregar educación cívica a todas las personas, solo así avanzaremos en el respeto a los derechos humanos y la valoración del Estado de Derecho.