El Déjà vu que amenaza la inclusión laboral de personas con discapacidad

Parece un Déjà vu, pero lejos de aquello se convirtió en nuestro día a día.

Baleos a la orden del día, robos, enfrentamientos armados, narco funerales.

El listado de hechos delictuales siguen aumentando así como se van sumando las horas en un día.

La inseguridad sin duda es la gran preocupación que tienen hoy los chilenos, la cual se esparce como una mancha de aceite en el agua y contamina la necesaria paz social que tanto anhelaba el país después del estallido social y dos años de pandemia. Las esperanzas estaban puestas estos dos últimos años en salir del ensimismamiento y apelar a la reactivación.

Esa reactivación de la vida social, del empleo y de las ofertas laborales, pero aquello no ocurrió y hoy nuevamente hemos vuelto a esa incómoda perplejidad; sumado a un miedo que se ha enquistado en la ciudadanía por culpa de una narcocultura que nos tiene aterrados y que motivaron la implementación de un plan gubernamental que intervendrá 10 comunas, que concentran un tercio de la población nacional y el 50% de los delitos más violentos en el país.

No obstante, el problema más profundo subyace en que el descontrol de la delincuencia ha llevado a crear una mala imagen de nuestro país y ya muchos advierten que aquello espantará la inversión y el crecimiento, además de alejar la creación de nuevas fuentes laborales. En ese marco, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mewes, fue enfático al decir que “sin seguridad no hay inversión, y sin inversión no hay creación de puestos de trabajo”.

Sus palabras son inquietantes para muchas personas que podrían ver afectadas sus futuras fuentes laborales, pero más remece a las personas con discapacidad (PcD) que buscan un puesto de trabajo y que optan a ello gracias a la Ley de Inclusión Laboral N° 21.015, que establece la obligación legal de contratar al 1% de PcD en empresas con 100 o más colaboradores.

Pese a la vigencia de esta ley, promulgada hace 5 años, Chile aún está al debe en inclusión laboral para personas con discapacidad. Hasta junio de 2022, sólo 74.451 PcD habían sido contratadas de un universo de 18.639 empresas que estaban bajo la normativa de inclusión y todo indica que aquel panorama no cambiaría sustancialmente ante la delincuencia desata que pondría freno de la inversión, restringiendo aún más la oferta laboral a la que tienen derecho las personas con discapacidad, las cuales por años ha sido invisibilizadas y que con este Déjà vu se verán amenazadas con ser borradas del mapa.

PAOLA ORTEGA

Directora Ejecutiva de Expo Inclusión