DDHH y Medio Ambiente en el Acuerdo de Escazú

La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú representa un desafío para nuestro país, que deberá elevar sus estándares en variadas materias de índole ambiental.

Esta semana tuvo lugar el hito final en la aprobación del Acuerdo de Escazú, con su publicación el Diario Oficial este martes 25 de octubre. Con ello, se hace plenamente vigente en el ordenamiento jurídico nacional lo que ya había ocurrido en el plano internacional con el trámite de depósito ante el Secretario General de las Naciones Unidas, ocurrido el 13 de junio, menos de 15 días después de su ratificación por parte del Congreso Nacional. Este tratado se suma al corpus iuris relativo a la defensa de los derechos humanos, con especial énfasis en materias ambientales.

Es así como su artículo 9, titulado “defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”, obliga a los Estados parte a “garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”. Asimismo, obliga a “investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente acuerdo”. Lo anterior podría parecer redundante ante el marco jurídico vigente, que podría estimarse suficiente para los fines señalados.

Sin embargo, esta disposición refleja el convencimiento de la comunidad internacional respecto a la situación de especial indefensión que viven los activistas ambientales.

Así fue reconocido por la Resolución 40/11 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 20 de marzo de 2019, donde se expresa gran preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente en todo el mundo, instando a los Estados a reconocer la importante y legítima función que desempeñan, exhortándolos a adoptar medidas concretar para impedir y erradicar la detención y reclusión arbitrarias, junto con otros actos de intimidación, entre otros aspectos.

Sin ir más lejos, en enero de este año fuimos testigos de amenazas de muerte contra Verónica Vilches, dirigente del Comité de Agua Potable Rural de San José de Cabildo e integrante de MODATIMA, estampadas en muros de la zona.

Ejemplos como este se repiten en Latinoamérica y el Caribe con mayor intensidad que en el resto del orbe. Sin duda, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú representa un desafío para nuestro país, que deberá elevar sus estándares en variadas materias de índole ambiental, destacando la especial protección a los y las defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, cuya labor se torna imprescindible en el contexto de crisis climática que arrecia a la Tierra.

JOSÉ RAMÍREZ GAETE

Corporación Colectiva-Justicia en DDHH