Los vientos de la descentralización llegan a la Constituyente

José Ramírez Gaete
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Colectiva – Justicia en DDHH

Desde los archipiélagos australes y las montañas andinas, surcando por desiertos y valles, han llegado a los pasillos de la Convención Constitucional los vientos de la descentralización. Tanto es así que la Comisión de Forma de Estado ha aprobado en particular su primer bloque de normas, relativas precisamente a la Forma Jurídica del Estado.

Cuando hablamos de la Forma del Estado nos referimos al modo en que éste se organiza administrativamente, pero también a la distribución del poder político en el territorio nacional. La Constitución actual recoge el modelo de Estado Unitario, vigente durante casi toda la historia republicana del país, con la salvedad del breve periodo de ensayo federal (1826 – 1828), y se caracteriza por consagrar un solo centro de decisión política y gubernamental, del cual emana un ordenamiento jurídico aplicable a todas las personas.

Se han impulsado variadas medidas tendientes a descentralizar la toma de decisiones, el diseño y la ejecución de las políticas públicas, entre ellas pueden mencionarse la elección democrática de Consejeros Regionales (2013), la elección del Gobernador Regional (2021), y el actual proceso de transferencia de competencias a los gobiernos regionales. Sin embargo, tales esfuerzos se han vuelto insuficientes ante los desafíos que impone una ciudadanía cada vez más empoderada y consciente de sus derechos, que reclama por un mayor protagonismo desde el ámbito local en la definición de los destinos colectivos.

La propuesta que analizará el pleno durante la próxima semana caracteriza a Chile como un “Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”. Asimismo, establece que “El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales”.

La propuesta destaca por reconocer autonomía a las entidades territoriales, determinando las competencias necesarias para un autogobierno limitado por el interés general de la República y las competencias de los órganos del Gobierno central.

El debate sigue en curso, ya en su última etapa de deliberación y votación en el Pleno, pero ciertamente los vientos de la descentralización han irrumpido con fuerza en la Convención, sacudiendo los vestigios del centralismo que aqueja a nuestras regiones.