Voto: la profunda deuda con la población penal

El Estado Chileno tiene una deuda profunda y de larga data con la población penal. Las condiciones carcelarias rayan en la inhumanidad; no existe una visión real, ni esfuerzos en ese sentido para darle el carácter resocializador a la condena con privación de libertad.

Francisca Castro
Abogada.

Nuestra actual legislación establece que las personas que no hayan sido condenadas a pena aflictiva, es decir, a una pena impuesta desde los tres años y un día o por delitos terroristas, pueden votar; por lo tanto, actualmente los reos que cumplen prisión preventiva o condenas inferiores a la antes señalada, no pueden ejercer su derecho constitucional de sufragio. Esto, porque ni Gendarmería ni el Servicio Electoral de Chile (Servel) han tenido la voluntad suficiente para concretar un cambio, basándose en reglamentos o en problemas de logística, principalmente.

Recordemos que uno de los pilares de la democracia es justamente el derecho a votar, por lo tanto, la nueva carta fundamental tiene un desafío mayor que, por supuesto va dentro del urgente cambio que se requiere implementar en todo el sistema penitenciario: incluir la adopción de medidas concretas que aseguren el “voto preso”.

Este es un tema que, a pesar de su relevancia, no es abordado por el mundo político en atención a que no es un tema popular. Históricamente, los candidatos se han referido de manera muy acotada respecto a la población penitenciaria, esto, por el famoso “populismo punitivo” que no es concordante con entender a este grupo de seres humanos como sujetos de derecho.

En nuestro país los candidatos temen a que su popularidad baje por el riesgo de ser considerados como “defensores de los delincuentes”. En la carrera por las actuales elecciones presidenciales, nuevamente se ha mencionado sólo mínimamente la obligación del Estado en garantizar a los internos imputados el poder ejercer su derecho a sufragio y también en temas más de fondo, como terminar con la dispersión normativa que actualmente existe en esta materia y que incide directamente en una actual desprotección de los derechos fundamentales de quienes están recluidos.

El Estado Chileno tiene una deuda profunda y de larga data con la población penal. Las condiciones carcelarias rayan en la inhumanidad; no existe una visión real, ni esfuerzos en ese sentido para darle el carácter resocializador a la condena con privación de libertad. Así, la vulneración al derecho de sufragio de los internos de diversos penales, es un punto más dentro de un amplio catálogo de vulneraciones diarias que sufre esta población del país.

Ante esta vulneración, hoy Gendarmería de Chile, el Servel y el Poder Judicial deben involucrarse conjuntamente en este desafío, sin mirar desde afuera cómo las medidas necesarias para asegurar el “voto preso”, son omitidas. Quizás es necesario acarrear sanciones para quienes incurren en el desacato, como también sancionar a nivel social esta transgresión de garantías fundamentales que sigue permaneciendo elección tras elección.