La frustrada COP25 y la oportunidad de un Chile mejor

Necesitamos, entonces, un nuevo contrato como sociedad, que promueva un acceso igualitario a las oportunidades que nos ofrece el desarrollo.

Dr. Ricardo Barra Ríos
Académico Facultad de Ciencias Ambientales
Investigador Centro Eula
Universidad de Concepción

Una vez oficializada la suspensión de la COP25 en Chile, las problemáticas ambientales, que también son parte del descontento social que hemos visto en estos días, ponen ahora buena parte de su foco en temáticas como las zonas de sacrificio, la sequía que perjudica a gran parte del país, y la contaminación industrial y urbana que afecta a millones de chilenos.

Todo ello en un contexto donde la salida a la crisis no está siendo catalizada desde el Gobierno, quien a pesar del lanzamiento de una agenda social y el cambio de gabinete, aparentemente no logra comprender un problema que va más allá de los desórdenes y violencia que se ha desplegado a lo largo y ancho de Chile. Asimismo, la reciente propuesta del Congreso tampoco parece apaciguar los ánimos de la ciudadanía.

Es el malestar de un Chile desigual, que siendo cinco veces más rico que hace 30 años, y con avances notables en la disminución de la pobreza, todavía no logra superar el problema.

Una situación promovida por un Estado que pareciera haber dejado de lado su obligación de proveer una buena educación, salud, pensiones y medio ambiente para la población más vulnerable. Esto, pasando responsabilidades fundamentales a los privados, bajo el precepto constitucional del estado subsidiario.

Todo ello ha generado distintas realidades dentro de un mismo Chile. Por ejemplo, la existencia de comunas con un elevado desarrollo en la Región Metropolitana, en contraste con comunas de regiones cuyos niveles de avance dejan mucho que desear en términos de ingreso, desempleo y calidad de los servicios públicos. Algunas de ellas están ubicadas en el Concepción Metropolitano.

Que seamos más ricos como país y que proporcionalmente tengamos más deficiencias sociales para una nación de ingresos medios, no se logra entender. Por lo mismo, se requiere que esta clase política -o bien una nueva- emerja desde la crisis para abordar la enorme desigualdad y segregación de un Chile que requiere cambios transformadores con urgencia.

De esta misma manera, la ciencia y la tecnología no pueden quedarse al margen de estas exigencias, sobre todo cuando el agobiante centralismo de este país hace que una parte mayoritaria del presupuesto para este ítem quede alojado en instituciones de la capital, recibiendo las regiones y en particular la nuestra, una porción cada vez más pequeña para el estímulo de la investigación científica.

Necesitamos entonces un nuevo contrato como sociedad, que promueva un acceso igualitario a las oportunidades que nos ofrece el desarrollo, con una mejor educación, salud y oportunidades para la población.

Un país descentralizado, donde la riqueza que se genera en las regiones, también pueda beneficiar a las comunidades locales.

Sin duda, el haber perdido la oportunidad de hacer la Cop25 en Chile es muy lamentable, pero las urgencias a resolver son aún más urgentes. Una visión que todos deberíamos compartir, para tener la lucidez de proponer y alcanzar el tan anhelado nuevo contrato social.