La trampa dilatoria en el Caso Puerto Coronel: La probidad pública no puede esperar

La fe pública y la institucionalidad municipal no pueden quedar sometidas a este tipo de abismos procedimentales. Se atribuyen a la máxima autoridad municipal 21 hechos de cohecho por sumas millonarias​.

El entramado judicial del caso Puerto Coronel ha entrado en una fase crítica donde las maniobras de la defensa amenazan con distorsionar los fines del proceso penal. La presentación de un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte de la defensa del alcalde Boris Chamorro —orientada a frenar su suspensión del cargo tras ser acusado por delitos reiterados de cohecho— no solo abre una compleja discusión doctrinal, sino que expone el riesgo real de transformar las garantías institucionales en una estrategia para dilatar el avance de la justicia.

La tesis de la defensa busca disociar la acusación por delitos que merecen pena aflictiva del cese en el ejercicio del cargo comunal, argumentando una supuesta interrupción del mandato popular sin veredicto previo. Sin embargo, la alerta levantada por el Fiscalía Nacional, Ángel Valencia, es tan certera como urgente: paralizar el procedimiento general a la espera de un pronunciamiento del TC sienta un precedente peligroso de impunidad procesal. Si el resto de los imputados —entre los que se cuentan exejecutivos portuarios y exautoridades acusadas de tramas de corrupción por más de 2.159 millones de pesos— adoptan la misma vía, la audiencia de preparación de juicio oral corre el riesgo de caer en un congelamiento indefinido.

La fe pública y la institucionalidad municipal no pueden quedar sometidas a este tipo de abismos procedimentales. Se atribuyen a la máxima autoridad municipal 21 hechos de cohecho por sumas millonarias; no estamos ante faltas administrativas menores, sino ante una acusación penal gravísima que atenta contra la transparencia de la gestión territorial. Permitir que el proceso judicial se postergue ad infinitum no solo desgasta el sistema de persecución penal, sino que castiga a la ciudadanía de Coronel, sometida a la incertidumbre de ser gobernada por una autoridad formalmente acusada por la Fiscalía.

El Tribunal Constitucional debe actuar con máxima celeridad y rigor, aclarando cuanto antes que la suspensión cautelar solicitada atañe únicamente a los trámites administrativos ante el Servel, sin interrumpir el avance de la causa penal en el Juzgado de Garantía. El derecho a la defensa es inalienable, pero la justicia no puede ser rehén de artimañas que dilaten el esclarecimiento de los hechos. La región necesita respuestas claras y sanciones ejemplares, no maniobras de calendario que perpetúen la sospecha en el ejercicio del poder.