Presupuesto 2027: Una transacción política que pone en jaque la seguridad del Biobío

En el caso del Complejo Penitenciario Biobío y del CCP Concepción, los gastos en juego no corresponden a privilegios burocráticos ni a gastos superfluos del gabinete ministerial. Se trata de compromisos contractuales vigentes vinculados al Grupo 2 de cárceles concesionadas, que financian servicios básicos e indispensables como alimentación, salud, higiene, control de plagas y programas de reinserción social de la población penal.

La discusión de la Ley de Presupuestos 2027 ha derivado en un escenario francamente riesgoso, donde la disputa política amenaza con dinamitar compromisos clave del Estado en materia de seguridad e infraestructura crítica. El ultimátum de la oposición para rechazar los gastos variables del Ministerio de Justicia —como mecanismo de presión para exigir la renuncia del ministro Fernando Rabat— constituye una muestra preocupante de cómo la contingencia política es capaz de tomar como rehén a la gestión pública, con repercusiones inmediatas y severas para las regiones, en especial para el Biobío.

El origen de la controversia es indiscutiblemente grave: las rebajas administrativas de condenas a condenados por delitos sexuales contra menores generan un rechazo transversal y exigen explicaciones profundas. Sin embargo, trasladar la sanción política al ahogamiento financiero de una partida presupuestaria no solo es una irresponsabilidad técnica, sino también una falta de rigor. Confundir la fiscalización a una autoridad con el bloqueo de recursos operativos revela una alarmante ceguera sobre las consecuencias de la letra chica en el Congreso.

En el caso del Complejo Penitenciario Biobío y del CCP Concepción, los gastos en juego no corresponden a privilegios burocráticos ni a gastos superfluos del gabinete ministerial. Se trata de compromisos contractuales vigentes vinculados al Grupo 2 de cárceles concesionadas, que financian servicios básicos e indispensables como alimentación, salud, higiene, control de plagas y programas de reinserción social de la población penal. Pretender podar indistintamente las partidas de “gastos variables” de la cartera pone en jaque el normal funcionamiento de recintos penitenciarios de alta densidad, vulnerando el piso mínimo de dignidad y control al interior de los penales.

Aunque la reciente ley traslada la dependencia de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública, garantizando el resguardo de la custodia tradicional, los contratos de operación concesionada continúan radicados en Justicia. Si la respuesta parlamentaria frente a una crisis política es paralizar las transferencias contractuales para la operación penitenciaria regional, el remedio terminará siendo sustancialmente peor que la enfermedad.

Utilizar la operatividad del sistema penitenciario regional como moneda de cambio para forzar la salida de un ministro es un despropósito. La fiscalización debe ejercerse a través de las herramientas constitucionales que corresponden, sin exponer la estabilidad operativa del Penal Biobío ni comprometer la seguridad pública que la ciudadanía demanda con urgencia.