Presupuesto 2027 Biobío: la urgencia secuestrada por la dilación

Imperiosa es la necesidad de destrabar obras viales, corredores urbanos y la red hospitalaria dolorosamente pendiente (Coronel, Lota, Nacimiento y Santa Bárbara). La dilación no hace otra cosa que hacer patente la deuda social acumulada durante años. Lo preocupante es que el retraso sea tan normalizado por la población que ya nadie se incomode en pensar que retardar las obras es algo completamente normal.

Cada año, la discusión de la Ley de Presupuestos en el Congreso Nacional escenifica el mismo ritual: un desfile de prioridades regionales, discursos enfáticos y un catálogo de promesas que intentan responder a las carencias más apremiantes de los territorios. En el marco de la partida para el año 2027, los parlamentarios del Biobío han puesto sobre la mesa una batería de exigencias que van desde la urgencia hospitalaria en comunas sanitariamente rezagadas como Santa Bárbara, Nacimiento, Lota y Coronel; hasta obras de infraestructura portuaria, vialidad y control de inundaciones. Sin embargo, detrás del consenso aparente sobre el qué, persiste la histórica incertidumbre sobre el cuándo y el cómo.

La radiografía social y económica de nuestra región no admite rodeos. Con un desempleo que alcanza un preocupante 10,7%, la inversión pública deja de ser una mera cifra macroeconómica para convertirse en un imperativo de subsistencia. Cuando parlamentarios como el senador Gastón Saavedra o los diputados Roberto Arroyo, Lilian Betancurt y Patricio Briones coinciden en señalar la necesidad de destrabar obras viales, corredores urbanos y la red hospitalaria pendiente (Coronel, Lota, Nacimiento y Santa Bárbara), lo que hacen es ponerle nombre a una deuda social acumulada durante años. No es comprensible que recintos de salud cruciales o conectividades estratégicas como la ruta Curanilahue-Nacimiento sigan supeditados a la lenta marcha de los comités mixtos y las evaluaciones administrativas.

El meollo del debate no reside únicamente en conseguir anuncios de inyecciones presupuestarias, como los $67 mil millones mencionados para reactivar obras y corredores urbanos y que están muy bien. Sino que la verdadera encrucijada institucional del Biobío está en la capacidad de ejecución y en la fijación de plazos vinculantes. A la ciudadanía de las tres o del Gran Concepción de poco le sirve saber que una partida fue “aprobada en subcomisión” si las obras terminan paralizadas, abandonadas por empresas contratistas o postergadas por burocracia centralista. En materia de infraestructura portuaria y de obras hidráulicas —cruciales para prevenir los estragos que cada invierno causan las inundaciones en nuestros sectores vulnerables—, la falta de calendarización concreta es sinónimo de negligencia.

El Presupuesto 2027 debe marcar un punto de quiebre. Si la inversión del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Salud en la región no se traduce en empleo directo de calidad y en soluciones de infraestructura permanentes, habremos asistido a otro ejercicio parlamentario estéril. La salud pública de Lota, Coronel o Tomé, el ansiado Centro Oncológico Regional y el desarrollo de nuestro borde costero no son favores concedidos desde Valparaíso o Santiago; son derechos territoriales básicos. Es momento de que la política regional deje de medir su éxito en montos prometidos y empiece a exigirlo en obras entregadas.