GORE Biobío ¿agencia de viajes?

La respuesta de la Contraloría, al exigir la restitución de fondos y ordenar el fortalecimiento de los procedimientos internos, fija un límite indispensable. No basta con prometer cambios procedimentales futuros cuando la fe pública ha sido golpeada. La administración de recursos en el Biobío exige un compromiso ético rígido.

El reciente informe de la Contraloría General de la República sobre las comisiones de servicio e itinerarios internacionales del Gobierno Regional del Biobío entre 2022 y 2024 no solo revela desprolijidad administrativa; expone una desconexión estructural entre la responsabilidad en la gestión del dinero público y el verdadero bienestar ciudadano. La cifra de más de 100 millones de pesos en reparos y cerca de 98 millones cuya rentabilidad pública aún debe ser probada no es un simple descuido contable: representa una erosión directa de la confianza institucional.

A lo largo del informe del ente contralor destacan anomalías recurrentes: viajes al extranjero sin habilitación legal expresa, desembolsos en actividades canceladas, pasajes gestionados a última hora y la emisión tardía de órdenes de compra. Este último punto, la emisión tardía de órdenes de compra, resulta particularmente sintomático. En la administración pública, la orden de compra posterior a la prestación del servicio o adquisición del pasaje rompe el principio básico del control previo. Comprar a destiempo no solo impide buscar precios más económicos y competitivos —vulnerando la eficiencia del gasto—, sino que transforma el proceso de adquisición en un trámite meramente formal para convalidar hechos consumados. Cuando la excepción se vuelve costumbre, el estándar de probidad cae de forma alarmante.

¿Cómo se justifica que funcionarios y autoridades viajen por el mundo con fondos de todos los contribuyentes del Biobío sin demostrar el impacto directo o los beneficios concretos para la región?. La diplomacia regional y las misiones institucionales son herramientas legítimas y valiosas cuando responden a objetivos estratégicos concretos y claramente delimitados, con metas e indicadores de retorno. Sin embargo, cuando la justificación se reduce a carpetas vacías de antecedentes y a bitácoras cuyos resultados no se pueden acreditar, las comisiones de servicio se perciben inevitablemente como privilegios injustificados pagados con el erario público.

La respuesta de la Contraloría, al exigir la restitución de fondos y ordenar el fortalecimiento de los procedimientos internos, fija un límite indispensable. No basta con prometer cambios procedimentales futuros cuando la fe pública ha sido golpeada. La administración de recursos en el Biobío exige un compromiso ético rígido. El dinero gastado en vuelos mal justificados o licitaciones deficientes es dinero que deja de invertirse en infraestructura local, salud, conectividad o seguridad para las comunas de nuestra región.

Afrontar esta crisis de gestión implica recuperar la rigurosidad administrativa desde el origen. La emisión a tiempo de las órdenes de compra, la justificación fehaciente del interés público de cada viaje y la rinde clara de cuentas no son trabas burocráticas: son el blindaje que garantiza que el presupuesto regional sirva al bien común y no al arbitrio personal de turno. La ciudadanía del Biobío merece instituciones rigurosas, transparentes y profundamente respetuosas de cada peso que administra y no despilfarrarlo al aire.