Permisología Biobío: MOP bajó de 31% a cero

Uno de los diagnósticos más extendidos en la economía y la gestión pública chilena de los últimos años apunta a la permisología: ese entramado de trámites y demoras que, bajo la premisa de proteger el entorno, termina ralentizando proyectos clave para las comunidades. Por eso, el reciente anuncio del Ministerio de Obras Públicas (MOP) respecto a la eliminación total de sus retrasos en las evaluaciones del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en la Región del Biobío no es un dato menor. Pasar de un 31% de mora a un 0% en seis meses demuestra que, cuando existe articulación institucional y prioridad política, los plazos del Estado sí pueden cumplirse.

Sin embargo, el verdadero valor de esta eficiencia no radica en la simple métrica administrativa, sino en el impacto territorial que conlleva. Para el Biobío, una región marcada por cuellos de botella viales e históricas deudas de conectividad, destrabar la gestión ambiental representa la oportunidad de activar inversiones por cerca de US$ 1.000 millones. No estamos hablando de números abstractos, sino de obras emblemáticas que la ciudadanía lleva décadas esperando.

Proyectos como la Costanera Sur —con una inversión de US$ 400 millones para conectar el Puente Industrial con el Bicentenario mediante un parque urbano en San Pedro de la Paz— o el esperado Puente Amdel, cuya tramitación se remonta a casi 20 años, demandaban una respuesta estatal a la altura de las urgencias locales. A ellos se suman trazados estratégicos como la conexión entre la Ruta del Itata y la Ruta Cabrero, fundamental para agilizar el transporte de carga hacia los puertos, y el futuro tramo de la Costanera Norte hacia Hualqui.

A este impulso estructural se suma la inyección coyuntural del plan “Chile Despega”, que proyecta $30.000 millones en 31 iniciativas regionales de construcción, estimando la creación de unos 2.500 empleos directos. La dinamización laboral resulta urgente en un contexto regional que requiere reactivación económica acelerada.

El gran desafío que enfrenta ahora el MOP y los organismos evaluadores es sostener este estándar de celeridad sin sacrificar el rigor técnico ni la participación ciudadana. Reducir tiempos no debe significar bajar la vara ambiental. La meta debe ser consolidar un Estado eficiente, capaz de responder oportunamente a la inversión pública y privada, demostrando que la rigurosidad normativa y el desarrollo regional pueden avanzar por la misma vía.