Peaje del centralismo: inequidad vial en las regiones

Mientras los conductores capitalinos ven disminuidos sus costos de traslado, las familias del Biobío deben seguir asumiendo tarifas altas que impactan directamente en su presupuesto mensual y en la competitividad productiva de la zona.

El reciente acuerdo entre el Ejecutivo y las empresas concesionarias para rebajar las tarifas del TAG en la Región Metropolitana ha reabierto un conflicto histórico en la relación entre la capital y el resto del país. Aunque cualquier alivio al bolsillo de las familias es bienvenido, la decisión del Gobierno Central de priorizar de manera exclusiva a las autopistas urbanas de Santiago expone una preocupante desigualdad territorial que profundiza la sensación de postergación en regiones clave como la del Biobío.

La movilidad no es un lujo ni un privilegio; es una necesidad básica para miles de trabajadores y estudiantes que se desplazan diariamente. Sin embargo, en el Biobío la conectividad tiene un costo desproporcionado. Con el despliegue del cobro electrónico en el Puente Industrial, el peaje de Agua Amarilla en la Ruta del Itata —históricamente catalogado entre los más onerosos del país—, la Autopista Costa Arauco y la ruta Concepción-Cabrero, la población regional financia diariamente una red vial costosa sin recibir los mismos beneficios ni incentivos que se otorgan en la capital. Mención aparte es el puente industrial que conecta a San Pedro de la Paz con Hualpén. La empresa concesionaria cobra los peajes aún cuando las obras no están 100% terminadas.

Reducir las tarifas del TAG en Santiago mientras se ignoran las autopistas interurbanas y los peajes del sur transmite un mensaje inequívoco y amargo: existen ciudadanos de distintas categorías según la latitud en la que residen. Mientras los conductores capitalinos ven disminuidos sus costos de traslado, las familias del Biobío deben seguir asumiendo tarifas altas que impactan directamente en su presupuesto mensual y en la competitividad productiva de la zona.

Además del sesgo centralista, la fórmula negociada plantea dudas de fondo. Extender los plazos de concesión a cambio de rebajas tarifarias puntuales termina garantizando el negocio financiero de las empresas administradoras a largo plazo, sin resolver las fallas estructurales del sistema de concesiones viales. Si existe la voluntad política y la capacidad técnica para renegociar contratos en la Región Metropolitana, esa misma disposición debe aplicarse con urgencia y equidad en el resto de Chile.

La equidad territorial no se construye con discursos, sino con políticas públicas justas y descentralizadas. El Gobierno debe atender el clamor transversal de las regiones e incorporar de inmediato a las rutas del Biobío en la mesa de negociación. Continuar postergando al sur solo consolida una brecha inaceptable en un país que aspira al desarrollo integral.