La emergencia de Senapred

Región del Biobío: Cuenta con un equipo de apenas 20 profesionales el cual debe coordinar la prevención, la respuesta y la asesoría técnica en 33 comunas históricamente azotadas por mega incendios, inundaciones y remociones en masa. Lo anterior equivale a una proporción aberrante: un funcionario por cada 80 mil habitantes o por cada 1.200 kilómetros cuadrados.

Chile suele vanagloriarse de su cultura sísmica y de su capacidad institucional para reaccionar ante los embates de la naturaleza. Sin embargo, las movilizaciones de los funcionarios de Senapred vienen a descorrer un velo preocupante: la estructura que sostiene la gestión del riesgo en nuestro país opera al límite del colapso humano y logístico.

Las cifras expresadas en la Región del Biobío rozan lo insólito. Que un equipo de apenas 20 profesionales deba coordinar la prevención, la respuesta y la asesoría técnica en 33 comunas históricamente azotadas por mega incendios, inundaciones y remociones en masa, equivale a una proporción aberrante: un funcionario por cada 80 mil habitantes o por cada 1.200 kilómetros cuadrados. Exigir que esta reducida dotación mantenga la operatividad 24/7 de la Unidad de Alerta Temprana, valide planes comunales y articule los Comités de Gestión del Riesgo en zonas de altísima vulnerabilidad como Santa Juana o Tomé, es sencillamente pedir milagros a un puñado de trabajadores extenuados por jornadas de hasta 48 horas continuas.

Esta “crisis estructural” no es un reclamo gremial aislado; es una vulnerabilidad estratégica para el Estado. La sobrecarga constante obliga a desviar profesionales de la planificación y la mitigación hacia la respuesta inmediata de la contingencia, debilitando precisamente la prevención, que es el único camino viable ante la crisis climática actual. De nada sirve promulgar leyes avanzadas sobre desastres si la institución encargada de aplicarlas cuenta con apenas 501 funcionarios a nivel nacional para cubrir todo el territorio.

De cara a la discusión del Presupuesto 2027, el gobierno y el Congreso no pueden reaccionar con la complacencia burocrática de prometer mesas de diálogo sin respaldarlas con recursos concretos. Dotar a Senapred de una planta acorde a la realidad geográfica y climática del país no es un gasto superfluo ni un privilegio laboral; es una inversión mínima en seguridad pública e integridad humana. Hasta que el Estado no asuma que prevenir requiere personal y presupuesto real, la protección de nuestras comunidades seguirá descansando sobre los hombros desgastados de unos pocos.