¿Se puede sanar la desconfianza?

Existe un comprensible temor a que se generen vacíos en las tareas de conservación y mitigación provisoria mientras se concreta la llegada de las nuevas empresas contratistas, sumado a la inquietud por los estrictos criterios de fiscalización y solvencia que deben aplicarse en los nuevos procesos de licitación para evitar que se repita la traumática experiencia de abandono presupuestario.

El anuncio de un nuevo calendario por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) —para retomar las obras abandonadas por la empresa Tapusa en el Gran Concepción— marca un hito administrativo de la más alta relevancia. Con la obtención de la Recomendación Satisfactoria (RS) por parte del Ministerio de Desarrollo Social para el Enlace Perales, el paso sobrenivel Esmeralda y el Tramo 3 del Corredor Colón-Perales, el Serviu busca dar curso a los procesos de licitación y recontratación para reiniciar las faenas entre el 27 y el 29 de enero de 2027.

Sin embargo, este ajuste en el cronograma plantea legítimos cuestionamientos por parte de las dirigentas vecinales de los sectores afectados en Talcahuano y Concepción. A pesar del valor que las comunidades otorgan a las labores de mitigación ejecutadas durante este periodo de paralización, la postergación del inicio de las obras definitivas —que inicialmente se proyectaba para fines de este año— no solo dilata la concreción de infraestructura vial crítica, sino que profundiza un severo problema de credibilidad institucional.

Las críticas de las organizaciones sociales apuntan a dos aspectos fundamentales. En primer lugar, a la falta de comunicación fluida y oportuna, pues las nuevas fechas programáticas no fueron transmitidas de manera formal a los dirigentes antes de su difusión pública. En segundo lugar, existe un comprensible temor a que se generen vacíos en las tareas de conservación y mitigación provisoria mientras se concreta la llegada de las nuevas empresas contratistas, sumado a la inquietud por los estrictos criterios de fiscalización y solvencia que deben aplicarse en los nuevos procesos de licitación para evitar que se repita la traumática experiencia de abandono presupuestario.

La reconstrucción de la confianza entre la ciudadanía y los organismos estatales no se logra únicamente con la presentación de fechas en un papel, sino con el cumplimiento riguroso de los compromisos, la transparencia activa en el flujo de información hacia los vecinos y una supervisión técnica e institucional contundente. El Minvu y el Serviu tienen hoy la responsabilidad no solo de resguardar la continuidad operacional de las mitigaciones urbanas en el intertanto, sino de asegurar que el inicio de las obras proyectado para enero de 2027 sea un compromiso ineludible que responda con hechos a comunidades que ya han esperado demasiado.