Polígonos a intervenir
20 de Septiembre 2026 | Publicado por: Editorial Diario Concepción
La severidad de la crisis de seguridad que atraviesa la Región del Biobío exige respuestas estatales firmes, coordinadas y, sobre todo, inmediatas. Delitos violentos, homicidios y la delincuencia organizada impacta a sectores emblemáticos del territorio y fundamentan la necesidad de implementar con celeridad el Plan Barrios Prioritarios que anunció el Presidente, José Antonio Kast, en su Cuenta Pública.
Se contempla intervenir cinco comunas clave de la región que Concepción, Talcahuano, Coronel, San Pedro de la Paz y Los Ángeles. Su éxito dependerá de que los anuncios avancen rápidamente hacia su concreción en el terreno.
Actualmente, el programa se mantiene en una fase de estudio y delimitación de polígonos a cargo de la Seremi de Seguridad Pública. Los testimonios de los alcaldes y directores de seguridad municipal dan cuenta de un escenario común: la necesidad imperiosa de contar con fechas concretas, formalidad en los traspasos de información y claridad respecto de los recursos y medios que se desplegarán.
El diagnóstico regional es inequívoco. En comunas como Concepción se ha alertado sobre el incremento de homicidios respecto de años anteriores; en Coronel, la presencia de armas de fuego y la violencia intrafamiliar mantienen bajo presión a los barrios.
Paralelamente, en Talcahuano, aunque se han realizado recorridos de inspección en terreno junto a las fuerzas policiales, se insiste en la importancia de dotar de formalidad a las medidas antes de que la percepción de inseguridad siga desgastando el entramado social.
El combate contra las incivilidades y la delincuencia no admite pausas. La coordinación entre la Delegación Presidencial, la Seremi de Seguridad Pública, Carabineros, la PDI y los municipios debe traducirse de inmediato en la fijación definitiva de los sectores prioritarios y en la llegada de herramientas operativas a las calles.
La recuperación del espacio público y la protección de los vecinos no pueden quedar sujetas a prolongadas etapas diagnósticas. Es tiempo de que el Ejecutivo y las autoridades regionales aceleren los procesos, entreguen certezas presupuestarias y pongan en marcha una intervención integral que responda a la urgencia con la que la ciudadanía demanda vivir en paz.