El uso de la IA en el aparato estatal
08 de Septiembre 2026 | Publicado por: Editorial Diario Concepción
La IA ofrece una oportunidad inédita para modernizar la administración, reducir tiempos de respuesta y hacer más eficiente el gasto público.
El avance de la inteligencia artificial en la gestión pública ha dejado de ser una propuesta insípida para convertirse en una realidad cotidiana. Desde la elaboración de minutas legislativas y el análisis de documentos normativos, hasta la transcripción de audiencias judiciales y la automatización de trámites administrativos, la IA se abre paso con velocidad en los poderes del Estado.
El protocolo implementado por la Cámara de Diputadas y Diputados para transparentar el uso de estas herramientas marca un hito conceptual necesario: reafirma que la responsabilidad humana en la función pública es estrictamente indelegable. Ningún algoritmo puede reemplazar el criterio político, el conocimiento territorial o el sentido de equidad que exige la elaboración de una norma o la dictación de una sentencia. No obstante, la realidad observada en ministerios, servicios y tribunales demuestra que la adopción de la tecnología corre a una velocidad muy superior a la capacidad del Estado para capacitar a sus funcionarios y fijar prácticas éticas.
En el ámbito judicial, la distinción trazada por la Academia Judicial entre programas institucionales y aplicaciones privadas utilizadas de forma individual por funcionarios subraya el riesgo de exponer información confidencial o sensible sin los controles adecuados.
En la administración central, un primer bosquejo aparece gracias al levantamiento piloto sobre uso de IA realizado por la Secretaría de Gobierno Digital en 2025. De los 306 organismos convocados, 121 respondieron el cuestionario, con una tasa de participación de 40,8%.
En el ya mencionado, de las 121 instituciones que respondieron, el 37,2 % declaró estar utilizando IA, mientras que el 62,8 % señaló no haberla utilizado o encontrarse en etapa de evaluación. Solo el 5,8 % reportó un nivel avanzado de adopción.
La IA ofrece una oportunidad inédita para modernizar la administración, reducir tiempos de respuesta y hacer más eficiente el gasto público. Sin embargo, la eficiencia no puede ser un fin en sí mismo si compromete la transparencia y la probidad.
El Estado debe pasar de las recomendaciones generales a una gobernanza sólida, capaz de fijar límites claros entre la asistencia tecnológica y la toma de decisiones. Innovar es indispensable, pero resguardar la confianza de la ciudadanía en las instituciones es un deber prioritario.