Certeza jurídica: encrucijada de los corredores de transporte

La Región queda en una posición compleja, ya que la infraestructura vial del Gran Concepción no soporta mayores dilaciones.

La decisión del Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Obras Públicas, de cancelar el proceso de concesión de los corredores de transporte público para las rutas 160, 150 y la Autopista Concepción-Talcahuano Tramo II marca un vuelco determinante en la planificación vial del Biobío.
La iniciativa que había sido adjudicada al Grupo Azvi, mediante el Consorcio Electro-Cointer como único oferente y con sus decretos en etapa final de tramitación, ahora pasará a ser ejecutada de forma directa por el MOP a través de la Dirección de Vialidad.

Desde el Ejecutivo, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, defendió la postura oficial argumentando que el decreto de asignación formal nunca llegó a firmarse. Asimismo, sostuvo así que la medida es plenamente correcta tanto técnica como jurídicamente.

Al mismo tiempo, el Gobierno ha comprometido que este cambio en el mecanismo de financiamiento no afectará los plazos, los diseños, los empleos ni los beneficios proyectados para la comunidad. Con esto último se busca transmitir tranquilidad respecto del cumplimiento de compromisos con la región de Biobío.
Sin embargo, las explicaciones oficiales contrastan fuertemente con la preocupación transversal planteada por autoridades locales, gremios y expertos en infraestructura; quienes señalan que modificar un proceso licitatorio en su fase de cierre introduce incertidumbre en el sistema de concesiones chileno.

Vale destacar que este modelo ha sido históricamente considerado uno de los más estables y maduros de Latinoamérica. Por ello, medios internacionales como el diario español Expansión advirtieron que la decisión abre una grieta en la confianza de los inversionistas extranjeros.

A nivel local, la inquietud abarca aspectos normativos, técnicos y financieros. El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, y el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, advirtieron que el traspaso a obra pública directa carece de respaldo legal, técnico y financiero, que sea claro.

Al asumir la ejecución de forma directa, el Estado deberá responder por sobrecostos de expropiaciones, desvíos e interferencias de servicios públicos, hallazgos arqueológicos y gestión social. Esto genera un riesgo latente de que las obras resulten más caras y lentas.

Frente a la exigencia de mantener el modelo de concesiones para asegurar el inicio de los proyectos previsto para octubre de este año, la Región queda en una posición compleja, ya que la infraestructura vial del Gran Concepción no soporta mayores dilaciones.

El desafío para las autoridades será cumplir con los plazos y la calidad prometida, además de reparar la señal de incertidumbre emitida hacia el mercado nacional y extranjero, demostrando que las reglas en Chile siguen siendo previsibles y sustentables en el tiempo.