Playas libres

Pese a que las explicaciones están claras y altamente difundidas el problema persiste: el impedimento ilegal de parte de particulares para el acceso libre a playas.

Es una noticia recurrente todos los años en el verano. Pese a que las explicaciones están claras y altamente difundidas el problema persiste: el impedimento ilegal de parte de particulares para el acceso libre a playas.

La región del Biobío concentró cerca del 16% de todas las denuncias del país por impedimentos ilegítimos de acceso a bienes nacionales de uso público entre 2023 y 2025, según registros del Ministerio de Bienes Nacionales a los que tuvo acceso Diario Concepción, posicionándose entre las más conflictivas a nivel nacional (1.792) con 265 casos acumulados.

Le siguen Coquimbo (210 denuncias), La Araucanía (206), Los Lagos (184), Valparaíso (171) y Maule (168). En contraste, una región colindante como Ñuble registra 80 denuncias, menos de un tercio del volumen del Biobío.

Estas prácticas reiteradas afectan la relación entre privados, visitantes y el Estado, pese a que el Decreto Supremo N° 475 de 1994 establece la obligación de los propietarios colindantes de habilitar accesos gratuitos a playas y riberas cuando no existen vías públicas.

Centrándose en la región, su evolución anual confirma que el fenómeno no solo persiste, sino que se intensifica. En 2023, el Biobío registró 76 denuncias por impedimentos de acceso; en 2024, la cifra aumentó a 112, lo que implicó 36 casos adicionales en un solo año. En 2025, con datos disponibles hasta noviembre, ya se contabilizan 77 ingresos, un volumen equivalente al total de 2023, pero concentrado en un período aún incompleto, lo que da cuenta de un piso de conflictividad más alto en la región.

Más que un rebote puntual, los datos sugieren un cambio estructural. El peak de 2024 no fue seguido por una caída abrupta, sino por una persistencia elevada en 2025, reforzando la idea de un conflicto que se estabiliza en el tiempo y que responde tanto a un mayor uso recreativo del territorio como a prácticas reiteradas de restricción del acceso.

Tal comportamiento adquiere mayor relevancia al compararlo con el escenario nacional. Entre enero y noviembre de 2024, el Biobío explicó el 13,5 % de las denuncias del país; en el mismo lapso de 2025, su participación subió al 15,5 %, es decir, dos puntos porcentuales adicionales. Aunque el volumen total de denuncias disminuye a nivel nacional, la región incrementa su peso relativo y se consolida entre las más afectadas.

Por todo esto la ciudadanía debe seguir denunciando este tipo de casos y con ello las instituciones correspondientes deben seguir fiscalizando y tomando acciones al respecto.