Incentivo a la electromovilidad

Una directriz que se ve reflejada no solo en leyes, sino que también en la irrupción en masa de buses de transporte público eléctricos, tanto en Santiago, como en diversas regiones.

Hace pocos días el Gobierno oficializó una normativa que permite que talleres puedan certificarse para la transformación o conversión de vehículos a la electromovilidad.

“El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá autorizar establecimientos o talleres que realicen transformación, adaptación o conversión de tipos de propulsión de vehículos motorizados en uso de combustión interna a eléctricos; así como otras adaptaciones y transformaciones a dichos vehículos que incidan sobre la seguridad vial, la seguridad de las personas que intervienen en dichos procedimientos y la de los ocupantes de los vehículos”, dice el texto de la nueva ley, la cual fue publicada en el Diario Oficial el 16 de enero pasado.

Las transformaciones o adaptaciones indicadas deberán realizarse conforme lo determinen el o los reglamentos que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dicte al efecto, los que deberán contener, a lo menos, los alcances y procedimientos técnicos a seguir, según los modelos de vehículo. Los valores que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá cobrar se definirán en el reglamento respectivo, agrega el mismo documento legal.

Lo anterior, tiene directa relación con el fortalecimiento de una política nacional vinculada a la electromovilidad. Una directriz que se ve reflejada no solo en leyes, sino que también en la irrupción en masa de buses de transporte público eléctricos, tanto en Santiago, como en diversas regiones.

Sin embargo, en regiones tenemos un problema vinculado con la poca presencia de cargadores públicos de electricidad para este tipo de vehículos, lo que complica a quienes han privilegiado la electromovilidad, por sobre otros combustibles más contaminantes.

De acuerdo con información publicada en Diario Concepción, actualmente, el diagnóstico nacional evidencia que 77% de los cargadores públicos se concentran en la Región Metropolitana, mientras que 216 comunas del país no cuentan con ningún punto de carga, lo que refuerza la necesidad de avanzar en una planificación descentralizada.

Por eso, es valiosa la idea de plasma un Plan Maestro de Infraestructura de Carga Pública, derivado del trabajo de una mesa regional, que contemplaría asegurar al menos un punto de carga cada 100 kilómetros en rutas interurbanas, además de fortalecer la red urbana para acompañar el crecimiento del parque de vehículos eléctricos, que en Chile ya supera los 3.000 vehículos eléctricos en circulación y se espera que se duplique hacia 2027.

De esta forma, el incentivo es mayor para masificar una opción mucho más limpia y amigable con el cuidado del medio ambiente. Eso, se agradece.