Permisos sectoriales: una oportunidad para Biobío

Para una región como la del Biobío, este nuevo marco abre la oportunidad de retomar su vocación productiva con mayor certeza.

La entrada en vigencia gradual de la Ley de Permisos Sectoriales comienza a marcar un punto de inflexión en materia de inversiones, crecimiento y desarrollo productivo en la Región del Biobío. En un territorio históricamente caracterizado por su dinamismo industrial, energético y forestal, pero también por la complejidad administrativa que enfrentan los grandes proyectos, la nueva normativa surge como una señal para enfrentar uno de los principales nudos que ha limitado su desarrollo: la incertidumbre y la extensión de los procesos de tramitación.

En el Biobío, donde convergen iniciativas forestales, inmobiliarias y, especialmente, energéticas, la discusión cobra un peso particular. Proyectos como el parque eólico marino impulsado por la empresa noruega Deep Wind Offshore, el Parque Fotovoltaico Sidon Solar o el Parque Eólico Coyanco, en la provincia de Biobío, reflejan el alto potencial productivo de la Región, pero también las dificultades que han enfrentado para avanzar con mayor celeridad en sus procesos de aprobación. Casos que ilustran cómo la demora en los permisos no sólo posterga inversiones, sino también oportunidades de desarrollo territorial.

Durante años, iniciativas estratégicas han debido sortear un sistema de autorizaciones sectoriales lento y fragmentado, escenario que ha afectado la competitividad regional y ha tensionado la relación entre inversión, institucionalidad y comunidades. En ese contexto, el espíritu de la ley impulsada por el Ministerio de Economía apunta a una modernización largamente esperada, que reconoce la necesidad de compatibilizar desarrollo productivo con reglas claras, coordinación intersectorial y plazos razonables.

La creación de una institucionalidad técnica especializada dentro del Ministerio de Economía busca, además, asegurar coordinación, seguimiento y mejora continua del sistema, reforzando la capacidad del Estado para responder de manera más eficiente a las demandas del desarrollo. La posibilidad de reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación, y en torno a un 50% en el caso de proyectos estratégicos, representa un cambio significativo.

Para una región como la del Biobío, este nuevo marco abre la oportunidad de retomar su vocación productiva con mayor certeza. Un desafío que no se limita a acelerar inversiones, sino a demostrar que es posible contar con un Estado moderno, capaz de facilitar el desarrollo sin renunciar a la rigurosidad, la transparencia y el interés público.