Acceso al agua potable en provincia de Concepción

Cuesta creer que hoy cerca de cuatro mil personas dependan todavía de camiones aljibes para abastecerse de este vital y básico servicio.

Con todos los adelantos existentes y una vida cada vez más tecnologizada, resulta difícil de creer que en la provincia de Concepción todavía haya una parte importante de la población que requiera de camiones aljibe para poder tener agua potable. Actualmente, son cerca de cuatro mil personas, en ocho comunas, que deben abastecerse de este vital servicio de esta manera.

Concepción tiene al menos 774 personas dependiendo de la repartición de agua mediante camiones. El pasado 17 de julio se adjudicó la última licitación pública para la contratación del servicio de logística y distribución de agua potable para consumo humano a Empresas Tierra de Chile SPA, propiedad de Germán Faúndez Fuentes. La DPR fue el organismo que publicó esta licitación, considerando el informe de inaccesibilidad del 4 de junio que estima que 24 mil 715 personas no tienen acceso a agua potable en lugares rurales de la provincia penquista.

En cuanto al desglose del presupuesto estimado para el abastecimiento mediante camiones aljibe, dirigido a ocho comunas, detalla que Santa Juana tiene el mayor volumen requerido con 53 mil 850 litros diarios u 1.077 personas afectadas; por tanto, concentra el presupuesto más alto para el semestre con $212 millones. Le sigue Concepción con presupuesto de $129 millones para 774 y Tomé con $103 millones para 33 mil 300 litros. En el otro extremo está Coronel (82), con 4 mil 100 litros diarios: $15 millones en el presupuesto semestral.

En total, el financiamiento proyectado para este servicio alcanza los $724 millones por 6 meses, lo que representa una planificación clave para enfrentar las necesidades de agua en sectores sin acceso a redes formales. En la suma se trata de 3 mil 709 personas, con una demanda diaria de 185 mil 450 litros.

El delegado Presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, detalló que la conclusión del nuevo proceso de licitación se basó en el trabajo coordinado con los municipios para levantar las urgencias. “El rol de las municipalidades es clave, ya que son ellas quienes deben declarar el evento de ‘inaccesibilidad al agua potable’ ante el Ministerio de Desarrollo Social, aplicar la Ficha Básica de Emergencia Hídrica (FIBEH) y justificar el abastecimiento para personas que viven permanentemente en sectores sin conexión, dentro del 80% de mayor vulnerabilidad”.