Ley de cuotas de género parlamentarias más allá del 2029

Poco se habla en estos días acerca del cumplimiento de la paridad de género en la conformación de las listas de candidaturas al Parlamento.

En Chile, con la aprobación de la Ley N° 20.840 (sustitución binominal), se introdujo una ley de cuotas que obliga a los partidos políticos, a partir de las elecciones parlamentarias de 2017 hasta las de 2029, a presentar un porcentaje no menor del 40% de mujeres entre sus candidatas.

En 2021, tras la última elección parlamentaria en la Cámara Baja, las mujeres lograron 55 representantes, lo que significó un aumentó de un 12% respecto de la conformación anterior en el mismo Hemiciclo.

Lo anterior significó que el 35% del total de 150 cupos fue obtenido por mujeres, mientras que en el periodo anterior era solo un 23%, de ahí el incremento del doce por ciento.
Dada la proximidad en el cierre de las listas, el 18 de agosto próximo, los conglomerados deben confeccionar sus postulaciones siguiendo estos lineamientos que, si bien las listas deben cumplir a nivel nacional el 60/40, a nivel regional existe la obligación de plantear liderazgos femeninos que puedan lograr alcanzar los cupos disponibles.

“Para el FA, la paridad no es solo una regla, sino algo que refleja nuestro principio de feminismo”, dijo el presidente regional del Frente Amplio, Carlos Novia. Agregó además que esa postura no solo se expresa en las candidaturas, sino también en las designaciones internas: “Tratamos de que la paridad sea una regla en las autoridades designadas”.

En tanto, el presidente regional de Renovación Nacional, Claudio Eguiluz, indicó que estaban armando el 60/40 a nivel nacional. “Estamos subsanando la paridad con otras mujeres que llevamos en distintos distritos del país”, dijo Eguiluz.

En este camino, resulta relevante que los partidos que muestran mayores liderazgos femeninos puedan tener mejores opciones de quedarse con los cupos. No es casualidad que entre las dos últimas elecciones haya un incremento de mujeres en el Parlamento.

Por eso, será materia analizar si ese aumento de 12%, en la última configuración de la Cámara Baja, tiene un correlato mayor a fin de año. De ser así, tal vez sea necesario plantear que el 2029 no sea el año final de la vigencia de esta ley, teniendo presente sus efectos positivos.