La defensa ciudadana de la ciudad

El tema va a estar, con toda seguridad, en la orden del día de los municipios de todas las comunas del país, especialmente las que por sus características sean atractivas para que los chilenos quieran establecer allí su residencia; resolver hasta donde se puede densificar la construcción de viviendas, cuál es el tamaño compatible con la calidad de vida urbana, qué se entiende por construir a escala humana, quién decide el punto de equilibrio entre negocio inmobiliario y el derecho al espacio de las personas

En relación a este asunto, de indudable y duradero impacto en las ciudades, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción ha hecho público un documento en el cual se examina la nueva relación que debe existir entre la industria y las personas, partiendo de un piso, tanto mínimo, como obligatorio, que es simplemente la legalidad vigente, con la precisión, que parece ser bastante necesaria, de la plena transparencia y la inhibición de actuar en condiciones limítrofes, justamente esas fronteras brumosas que la ley o los reglamentos no terminan de definir y que se prestan para interpretaciones en ocasiones dañosas y altamente discutibles.

Una situación que tiene todos los visos de multiplicarse en otras comunas es aquella que se desarrolla actualmente en la capital, donde una junta de vecinos  y otras ocho organizaciones  están convocando a una protesta frente a un  proyecto inmobiliario que  abarca una superficie de 15.165 m2, el cual contempla la construcción de  cuatro torres: una de 27 pisos, dos de 32 pisos y una de 31 pisos., con 1.828 departamentos, 2.133 estacionamientos, más una placa comercial de 7.500 m2, en cuatro niveles.

Si bien es cierto, hasta el momento, la iniciativa no cuenta con permiso de edificación, tiene  autorización de anteproyecto y la empresa se encuentra tramitando ante el Servicio de Evaluación Ambiental la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, modalidad que se declara no requerir de participación ciudadana.

El alcalde de la comuna afectada envió un nuevo oficio para solicitar que se reconsidere la decisión,  los vecinos, por su parte, declaran que el sector está absolutamente saturado desde el punto de vista vial y que el proyecto no ha tenido evaluación ambiental adecuada. La empresa, como suele ocurrir en circunstancias parecidas, afirma que “es bueno que tengan la información necesaria para opinar. Estamos intentando reunirnos con ellos para que sepan cómo se está transformando la ciudad en ese entorno”.

Con anterioridad la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios había planeado como iniciativa necesaria pasar de la legalidad a la legitimidad, lo que involucra tanto a  arquitectos, como urbanistas y empresarios inmobiliarios, falta pensar en la socialización con las comunidades, ya que en lo fundamental de trata  de la creación de espacios públicos, por lo cual la oferta inmobiliaria tiene que contemplar un mejoramiento sustancial de la calidad de vida de todos.

Acertadamente el intendente capitalino señala que la ciudad ha entrado ya en la agenda del debate político, no solo de las personas, sino que también de todo tipo de autoridades. Las empresas pueden pasar, pero la ciudad queda, es responsabilidad conjunta, cada cual en su ámbito, hacerla cada vez mejor, el potencial de conflicto es cada vez más alto si no se entiende la necesidad de actuar por el bien común.