Preocupación en familias y gremio constructor ante posibles cambios en el financiamiento del DS 49

La Cchc pide mantener los recursos directos a empresas para no traspasar la carga financiera.

Más de seis años lleva Marta Sanhueza, vecina de Lorenzo Arenas, en Concepción, esperando que comience la construcción de la vivienda por la que se organizó junto a otras familias.

La posibilidad de modificar el financiamiento de los proyectos habitacionales sociales sumó una nueva preocupación a esa espera.

“Si le quitan los anticipos a las empresas, los proyectos se van a parar o ninguna constructora va a querer tomar el DS 49”, advirtió la mujer de 42 años. La inquietud apunta a la eliminación de anticipos a empresas que ejecutan viviendas sociales, considerada en el presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para 2027.

Una preocupación similar expresó Gonzalo Alarcón, de 35 años, vecino de Boca Sur, en San Pedro de la Paz. Advirtió que recurrir a créditos bancarios para iniciar obras podría encarecer los proyectos.

“Nosotros no pedimos subsidio por gusto, lo pedimos porque no tenemos acceso a un crédito hipotecario”, sostuvo.

Desde Lagunillas, en Coronel, Camila Valenzuela, de 29 años, reconoció que el Estado debe ajustar el gasto, pero pidió que la vivienda social no resulte perjudicada.

“En el Biobío hay una crisis habitacional enorme y si la medida frena la ejecución de los proyectos, la meta de viviendas se queda en el papel”, afirmó.

El delegado presidencial regional (s), Juan Pablo Mellado, valoró el anuncio para las familias de clase media. “El sueño de la casa propia lo hemos visto alejado, hoy el Minvu lo está acercando nuevamente”, afirmó.

Agregó que “Chile tiene que ser un país de propietarios, no de arrendatarios”. También lo consideró una alternativa frente al déficit habitacional y llamó a informarse porque los plazos son acotados.

Alerta por financiamiento de viviendas sociales

La preocupación de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) corresponde a otro tema y no al Tramo 4000. El gremio cuestiona la eventual eliminación de anticipos a las empresas que ejecutan proyectos del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, correspondiente al programa DS 49, cambio considerado en el presupuesto del Minvu para 2027.

Hoy, las constructoras reciben pagos asociados al avance de las obras. La CChC advierte que, sin esos anticipos, las empresas tendrían que disponer de más capital propio o buscar créditos para financiar los costos iniciales, lo que podría encarecer o retrasar proyectos.

El presidente del Comité de Vivienda de la CChC Concepción, Bastián Jara, sostuvo que la modificación podría afectar a las familias que esperan una solución habitacional.

“Eliminar los anticipos para las empresas constructoras que desarrollan iniciativas del DS 49 va a afectar a familias que están esperando una solución habitacional para los próximos años”, afirmó.

En la misma línea, Gonzalo Figueroa, vicepresidente del Comité de Vivienda de la CChC Los Ángeles, dijo que no deberían eliminarse esos recursos, porque la carga financiera recaería en las empresas.

“Es algo que no se puede sostener”, señaló. La CChC cifra en cerca de 80 mil los requerimientos de vivienda en el Biobío.

El planteamiento se expuso en la primera reunión de la Mesa de Trabajo Pro Desarrollo, con la CChC, el Minvu y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). Villagra reconoció la inquietud y afirmó que llevará los antecedentes al nivel central para que se evalúen alternativas.

“Detrás de cada proyecto hay familias que llevan años esperando su vivienda”, indicó.

Sin embargo, el seremi no precisó si se mantendrán los anticipos ni qué mecanismo podría reemplazarlos. La meta presidencial regional es construir 30 mil viviendas nuevas.

Mientras se define el financiamiento para 2027, las familias que esperan proyectos DS 49 temen que las obras se retrasen. Sanhueza pidió mantener los recursos directos.

“Necesitamos que el Estado mantenga el financiamiento directo para que no se ponga en riesgo el sueño de miles de familias”.

Alarcón advirtió que los postulantes no deberían asumir las dificultades financieras de las constructoras y Valenzuela llamó a mantener los pagos por avance de obra.

Subsidio para sectores medios

En paralelo a esa discusión, el Minvu presentó el Tramo 4000, un beneficio distinto que busca facilitar la compra de viviendas nuevas o usadas por parte de familias de sectores medios.

El subsidio contempla un aporte estatal de 400 Unidades de Fomento (UF), cerca de $16 millones, para adquirir propiedades cuyo valor se encuentre entre las 2.200 y las 4.000 UF.

El seremi de Vivienda del Biobío, Anselmo Villagra, explicó que apunta a hogares de clase media que no califican para subsidios de menores ingresos y enfrentan dificultades para comprar.

Se complementa con el Fondo de Garantía Estatal (FOGAES), que garantiza el crédito hipotecario.

La combinación busca facilitar el crédito y reducir la tasa de interés y el dividendo. Villagra también mencionó la nueva tarjeta de materiales entre las medidas dirigidas a estos hogares.

De todas formas, uno de los requisitos es contar con capacidad crediticia. “Muchas de esas personas a las que estamos llegando ahora no tienen acceso a los subsidios que damos nosotros, que son el tramo del Registro Social de Hogares hasta el 40%, tampoco tienen acceso a la banca”, indicó.

Los requisitos mencionados por Villagra son estar inscrito en el Registro Social de Hogares, tener cédula vigente y capacidad para acceder a un crédito. Se pueden comprar viviendas nuevas o usadas de hasta 4.000 UF, unos $160 millones.

Sobre la cobertura, precisó que se consideran 5.000 cupos a nivel nacional: 2.500 para personas que pueden acceder directamente y otros 2.500 para quienes ya tienen un subsidio aprobado y podrían adaptarse o acceder al Tramo 4000.

No especificó cuántos cupos corresponderían a la Región del Biobío.